El fiscal del 'caso Palau' mantiene la petición de diez años y dos meses de cárcel para Millet y Montull

El fiscal especial para delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrí, ha mantenido para Félix Millet su petición de una pena de diez años y dos meses de cárcel, y, de igual modo, para la mano derecha del ex presidente del Palau de la Música, Jordi Montull, por las presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto a la institución cultural, que nunca llegó a ver la luz.

Pide asimismo la misma pena de cuatro años y siete meses que había solicitado tanto para el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon García-Bragado, como para el entonces gerente de Urbanismo Ramon Massaguer, el ex director jurídico de esta materia en el Ayuntamiento Enric Lambies, y el arquitecto del proyecto, Carles Díez.

Tras la celebración del juicio, del que sólo queda pendiente para la próxima semana la lectura de los informes finales y la última palabra de los acusados, Pelegrí solo ha modificado hechos puntuales como que los responsables sí tenían conocimiento al comienzo de los trámites de los supuestos 3,6 millones de euros que presuntamente tendría que embolsarse con las plusvalías la Fundación del Palau una vez modificado el proyecto.

"En su caja de seguridad"

La acusación popular de la Asociación de Vecinos por la Revitalización del Casco Antiguo de Barcelona y los Vecinos en defensa de la Barcelona Vieja mantienen también las mismas peticiones de penas solicitadas antes del juicio. En concreto, piden siete años de cárcel para Millet y Montull y tres años de presión para García-Bragado, tres años para Lambies, nueve meses para Díaz, y seis meses para Massaguer.

La acusación popular, representada por el letrado Àlex Solá, ha cambiado solo levemente sus conclusiones, de tal modo que ahora sostiene en su escrito que buena parte del dinero que Millet y Montull supuestamente exigieron al promotor de la obra "fueron ingresados por el acusado Félix Millet en su caja de seguridad".

El fiscal acusa a Millet y Montull de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación, y a la ex cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de supuestos delitos de falsedad en documento oficial y del continuado de prevaricación.