La Generalidad incumple una sentencia del Tribunal Supremo sobre la Televisión Digital Terrestre en Cataluña

El pasado 7 de enero un fallo judicial establecía que los canales locales catalanes que ahora emiten en TDT dejen de hacerlo inmediatamente puesto que, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un primer momento, y ratificado después por el Tribunal Supremo (TS), las licencias de emisión se habían adjudicado ilegalmente en 2005. 

Según informa este lunes Vozpópuli, al menos 13 canales locales deben poner fin a sus emisiones, después de que haya prosperado y finalmente resuelto a su favor la denuncia presentada por la empresa Infraestructuras y Gestión 2002, S.L..

El cumplimiento del fallo compartido por el TS y el TSJC habrá de modificar sustancialmente el mapa de la TDT local catalana. No obstante, la empresa denunciante recuerda que la Generalidad no ha mostrado su disposición a cumplir con este mandato judicial, y por ello ya ha interpuesto un escrito ante el TSJC para instar al alto tribunal autonómico a que haga cumplir la sentencia y proceda a sancionar al ejecutivo que lidera Artura Mas.

"Nulidad por no ser conforme a derecho"

El proceso se remonta a finales de 2005, cuando la Generalidad publicó un acuerdo en el que fijaba el procedimiento y criterios de concesión de los programas de televisión digital local para los municipios de Cataluña. Infraestructuras y Gestión 2002, S.L. impugnó el reparto de licencias y no fue hasta marzo de 2010 cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictaminó "la nulidad por no ser conforme a derecho del acuerdo del Gobierno [autonómico] de la Generalidad".

En ese instante, la Consejería de Cultura de la Generalidad se apresuró a descalificar el fallo y se aseguró desde el departamento que "no tendrá efectos prácticos", puesto que confiaban interponer un recurso y salir airosos.

Sin embargo, según la Ley estatal de Televisión Local, pueden adjudicarse a las televisiones públicas 24 catalanes, y no 37, como hizo la Generalidad. Con lo cual, las alegaciones del Ejecutivo autonómico catalán -más los ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet- no surtieron efecto ante el TS, que el 18 de noviembre de 2013 rechazó los recursos de casación y obligó a los recurrentes a pagar las costas procesales.

Finalmente, el 7 de enero de este año el TSJC emitió un auto instando a la Generalidad a que identificara "el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia" y ordenaba su ejecución. Ante el inmovilismo del Gobierno autonómico, el pasado 25 de marzo Infraestructuras y Gestión 2002, S.L. ha reclamado que, asimismo, se sancione económicamente al gobierno que preside Artur Mas a razón de mil euros por cada día que ha desobedecido la sentencia.