El TSJC investiga por presunta malversación de fondos públicos a la diputada autonómica del PSC Montserrat Capdevila

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha declarado competente para investigar a la diputada autonómica del PSC Montserrat Capdevila por la existencia de "indicios racionales de infracción penal" por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Por remisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell (Barcelona), el magistrado Carlos Ramos Rubio ha aceptado ejercer como ponente en esta pieza separada del caso Mercurio, en la que se apunta a la aforada Capdevila como responable de realizar pagos de hasta 5.000 euros "con una tarjeta expedida a su nombre por RENFE en virtud de un convenio de colaboración con el Parlamento [autonómico] de Cataluña" que, en realidad, "eran absolutamente ajenos a su función pública".

Este caso se descubrió a raíz de las intervenciones telefónicas a que estuvo sometido el ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC), durante la investigación del caso Mercurio, de presunta corrupción urbanística, que instruyó el juzgado de esta localidad. El juez instructor Ramos deberá decidir ahora si cita a declarar como imputada a Capdevila. 

Entre 2010 y 2012

La dirigente socialista tenía asignada dicha tarjeta para "atender los gastos por desplazamientos ferroviarios que hubiere de afrontar por razón exclusiva de sus funciones parlamentarias, de diversos viajes realizados desde Barcelona a Madrid (y vuelta) entre los años 2010 y 2012".

Sin embargo, y según la exposición razonada de la magistratura de Sabadell, la documentación facilitada por RENFE y por el propio Parlamento autonómico, Capdevila se habría pagado presuntamente desplazamientos privados a Madrid. De este modo, señala la interlocutoria, la diputada autonómica del PSC puede haber incurrido en un "presunto delito continuado de malversación de fondos públicos [...] sin perjuicio de otra posible calificación posterior".

Contra dicha resolución, el TSJC da un plazo de tres días a Capdevila para interponer un recurso de súplica, como paso previo a su citación como imputada. Por su parte, la dirigente socialista ya declaró en enero, cuando la Fiscalía anunció que planteaba al TSJC su imputación, que existía un "vacío normativo" sobre la regulación del uso de la tarjeta de RENFE del Parlamento autonómico y que, promoviendo su investigación, sólo se pretendía buscar su "descrédito y destrucción política y personal".