Los "cobros opacos" de Prat responden a su mediación entre Coslado y el consejero Ruiz

La investigación judicial del escándalo del holding Innova, en manos de la Fiscalía, la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, ha aportado nuevos contenidos a la pieza separada que investiga a Josep Prat, ex presidente del ICS, por cobrar 5.000 euros al mes de Bernardo Coslado, dueño del grupo Ambulancias Baix Ebre que acapara la concesión del servicio en Tierras del Ebro. Los pagos empezaron después de que Prat mediara entre este y el consejero de Salud, Boi Ruiz.

El cobro lo canalizaba Prat a través de una empresa familiar sin relación con la sanidad y, según el auto del juez Diego Álvarez de Juan, pueden ser constitutivos de un delito de cohecho "para conseguir una alteración del precio en el concurso público que estaría a punto de publicarse en el sector sanitario y, de la misma manera, evitar que otras personas pudiesen participar".

Según el sumario, del que da cuenta este lunes el diario El País, Prat empezó a cobrar de Coslado en abril de 2012 tras la entrevista con Ruiz. El juez recuerda, en este sentido, que Prat, en tanto que presidente del ICS, tenía entonces competencias sobre "la planificación estratégica [de la sanidad pública] con programas de actuación con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)", organismo público que financia la sanidad pública.

La Generalidad declina pronunciarse

Prat ha declarado ante el juez que fue el empresario quien le solicitó la reunión con el consejero de Salud. El auto indica que después de aquel encuentro, y una vez iniciados ya los pagos mensuales -que, hasta la detención de Coslado el pasado enero, ascendieron a un total de 104.000 euros-, "posiblemente" se sucedieran "otras reuniones similares".

El grupo de Coslado, Ambulancias Baix Ebre, es asimismo adjudicatario de varios lotes de prestación de servicio sanitario concedidos por el departamento que dirige Ruiz, de modo que, según infiere el juez, "no resulta difícil establecer lazos de unión y de interés", entre los implicados.

Mientras tanto, y según recoge el diario de Prisa, la Consejería de Salud se ha negado a ofrecer la versión de la Generalidad. "No hablaremos hasta que no haya sentencia", declaró un portavoz.