La Generalidad desvía millones de euros de fondos públicos a Plataforma per la Llengua para la "internacionalización del conflicto"

Plataforma per la Llengua, una entidad generosamente premiada y subvencionada por la Generalidad, trabaja para enviar a 200 personalidades políticas de todo el mundo un informe en el que se denuncian los supuestos "constantes ataques a los que está sometida" Cataluña y la lengua catalana por parte del resto de España.

En las próximas semanas, esta plataforma, que recientemente ha despreciado el castellano en sede parlamentaria y ha mostrado su apoyo reiterado para que dicho idioma no sea oficial en una hipotética Cataluña independiente, remitirá su InformeCat14 a los máximos representantes de la política internacional, entre ellos, el presidente de los EEUU, Barack Obama, y el actual Secretario General de Naciones Unidas, Ban ki Moon.

Como en ediciones anteriores, en el documento se expondrán "50 datos de los diversos ámbitos que tienen una influencia mayor para la lengua" y en los que supuestamente "se analiza el estado y la evolución" del catalán, pero que, más allá de esta declaración de intenciones, representan verdaderos "boicots lingüísticos" a cines, medios de comunicación y otras empresas que no etiquetan sus productos en catalán.

Ríos de dinero público para una entidad opaca

En octubre de 2012, según relata El Confidencial, la Generalidad firmó un convenio con esta organización independentista en el que se comprometía a pagarle 1.860.000 euros en concepto de "financiación de actividades relacionadas con el uso social de la lengua para los años 2013-2015", una "subvención excluida de concurrencia pública" y que habrá de destinarse a "actividades de fomento de la normalización lingüística para la cohesión social" en el período señalado por el convenio.

Antes y después de ese compromiso adquirido por el Gobierno autonómico que preside Artur Mas (CiU), Plataforma per la Llengua no ha cesado de recibir favores y en total alcanza una suma de cerca de 600.000 euros anuales de fondos públicos para una estructura que, según lamenta el diario digital antecitado, ninguno de sus responsables está dispuesto a explicitar qué gastos tiene y de cuántas personas se compone.