La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha asegurado este miércoles que el decreto por el que se establece la obligatoriedad de emplear el castellano también como lengua vehicular en la enseñanza en aquellas CCAA con dos lenguas oficiales se aplicará "sí o sí" el próximo curso.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está "abierto", según Gomendio, a abordar el asunto en un grupo de trabajo con representantes de CCAA con lenguas cooficiales. Esta propuesta emana en realidad de la petición de algunas CCAA (particularmente, Cataluña y País Vasco), y si bien Gomendio ha dado el visto bueno en un acto presidido por el ministro José Ignacio Wert, ha querido subrayar que debería constituirse con "celeridad".
Por su parte, la consejera de Educación de Asturias, Ana González, junto a los consejeros del mismo ramo de Andalucía, Luciano Alonso, e Islas Canarias, José Miguel Pérez, han criticado la falta de "certeza" e "improvisación" que, a su entender, está teniendo el desarrollo normativo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), puesto que, según denuncian, en pocas semanas sus departamentos deben tener preparados los próximos cursos pero los presupuestos no se definirán hasta junio o julio.
"Garantizar" el castellano en las aulas
Sin embargo, en la conferencia sectorial celebrada este miércoles se ha destacado la ausencia de la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, quien ha declarado en reiteradas ocasiones que no está conforme con el real decreto e incluso que hará lo posible por retrasar su aplicación.
Gomendio, a su vez, ha indicado que es deber del Ministerio "garantizar" la educación en castellano a aquellas familias que lo soliciten. Por lo demás, y según ha recordado, no se trata de impartir enseñanza "al 100%" en castellano en CCAA con lengua cooficial, sino de que algunas asignaturas se den efectivamente en castellano.
La secretaria de Estado de Educación ha explicado, además, que la propia Rigau solicitó a Wert retirar el real decreto sobre la enseñanza en castellano del orden del día de la sectorial, pero ha argumentado que tal cosa no podía ser atendida en la medida en que otras CCAA tienen derecho a debatir ese tema.