Solo un día después de que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, amenazara con sacar las urnas a la calle el próximo 9 de noviembre, para que los ciudadanos catalanes voten en la consulta independentista que promueve, el Gobierno le ha dado un claro aviso: que no permitirá "actos de naturaleza ilegal".
La advertencia la ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada por la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno "cumple y hace cumplir las leyes". "Tenga la completa seguridad [de ello]", ha subrayado. Y ha aludido claramente a la amenaza de Mas de sacar las urnas a la calle cuando ha dicho que "ningún Gobierno, y éste no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal".
Mas no actuaba así antes
Además, Sáenz de Santamaría ha dado un tirón de orejas al presidente autonómico catalán, afirmando que "no es bueno ver a un cargo público hablar en los términos en que lo hace".
En esta misma línea, ha recordado que hasta hace relativamente poco Mas no se planteaba realizar ninguna acción fuera de la ley, ya que era "muy consciente" de que la legalidad "obliga a todos". "El Gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres", ha insistido Sáenz de Santamaría.
"Algunos están haciendo vivir a Cataluña una división social y una incertidumbre que ningún Gobierno debería promover", ha lamentado.
La vicepresidenta ha asegurado que, en relación al desafío secesionista, "este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones", y ha puesto como ejemplo los recursos contencioso-administrativos presentados contra las aportaciones económicas de 28 ayuntamientos a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) por "perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara". Lo que ha considerado como "una posición muy activa por parte de nuestro Gobierno a la hora de preservar nuestra legalidad".