La Generalidad asegura que no aplicará la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

La insumisión de la Generalidad va en aumento. El Gobierno autonómico no solo se niega a acatar las sentencias sobre bilingüismo escolar sino que el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha asegurado este miércoles que la Generalidad tampoco cumplirá ni aplicará la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, aprobada en diciembre pasado, y cuya fase final ha entrado en vigor esta semana.

En concreto, desde este lunes ya está vigente la denominada licencia única, mediante la cual una empresa que tenga autorización para operar en una Comunidad Autónoma podrá operar también en el resto de CCAA. Además, las empresas podrán optar a los concursos públicos sin tener sede en la Comunidad que lo convoque. El objetivo de esta medida -junto a otras que armonizan la legislación comercial- es facilitar la circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.

"La solución es no hacer caso [de la ley] e ir a la nuestra"

La semana pasada la Generalidad anunció que recurrirá esta normativa ante el Tribunal Constitucional y Puig ha reiterado, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que no piensan aplicarla. "La solución es no hacer caso [de la ley] e ir a la nuestra", ha señalado, a pesar de que ha reconocido que "esto tiene un riesgo en los aspectos judiciales y jurídicos".

De hecho, el propio secretario de Empresa y Competitividad de la Generalidad, Pedro Torres, trasladó este martes al Gobierno la posición del Ejecutivo autonómico. Lo hizo durante la Conferencia Sectorial de Comercio, junto a representantes del resto de CCAA, que se convocó precisamente para coordinar el desarrollo de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Hace una semana, Puig señaló que la Generalidad "dificultará la aplicación" de la ley, pero este miércoles ha ido más allá y ha asegurado que la normativa, simplemente, "no se aplicaría" en Cataluña.

Acusa al Gobierno de querer convertir la Generalidad en "una gestoría"

El consejero de Empresa y Empleo ha justificado esta insumisión señalando que la Generalidad defenderá las leyes autonómicas amparadas en el Estatuto por encima de la legislación de ámbito nacional:

"[Desde el Gobierno] van a por nuestro modelo educativo y van a por nuestro modelo económico. Están destruyendo el pacto constitucional, el Estado de las Autonomías. Nosotros decimos esto hace aguas y que queremos estructuras propias y ellos están yendo la línea contraria: no ya mantener o respetar el pacto, sino destruirlo".

Según Puig, el Gobierno quiere que la Generalidad "sea estrictamente una gestoría que no tenga capacidad decisión", y ha apelado a la autonomía del Ejecutivo autonómico para regular a voluntad los horarios comerciales, la política urbanística o la lengua del etiquetado, que ahora podría verse afectado.

En 2012 animó a los Mossos a apoyar una hipotética secesión unilateral

No es la primera vez que Puig amenaza con desacatar las leyes. En octubre de 2012, cuando era consejero de Interior en funciones, el dirigente nacionalista arengó a altos cargos de los Mossos de Esquadra a apoyar la secesión ilegal de Cataluña en el hipotético caso de que se produjera una declaración unilateral.

"Solo os he de decir una cosa, puede haber momentos, en el futuro, en el que haya un debate, que estoy convencido que será un debate político, democrático y pacífico, en el que haya gente que quiera contraponer una legalidad jurídica a una legalidad democrática, en el que se ponga en tensión la legalidad stricto sensu desde el punto de vista de una ley a la legitimidad de las decisiones de un pueblo o de unas instituciones. En esta tesitura es donde estoy convencido de que el cuerpo [policial] que ahora representáis estará como siempre al servicio del país [por Cataluña] y de sus instituciones", señaló entonces.