El ex responsable del Palau de la Música Fèlix Millet se ha personado esta mañana en la Audiencia de Barcelona, en silencio y acompañado de sus dos abogados, para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados por su gestión del fallido proyecto de construir un hotel de lujo junto al Palau. No obstante esto, el juez ha aplazado 24 horas la declaración,, hasta el martes, para resolver cuestiones previas presentadas tanto por las defensas como por las acusaciones. La Fiscalía pide diez años y dos de meses de prisión para él y Montull.
Millet y su mano derecha Jordi Montull afrontan este su primer juicio por las presuntas irregularidades en la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música, un caso que también lleva al banquillo a la ex cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, entre ellos, el ex teniente de alcalde Ramon García Bragado (PSC).
Poco después de las 9:00 horas han accedido a la Audiencia de Barcelona quienes manejaran los hilos del Palau de la Música, pero no para responder por el expolio del mismo, cuya causa todavía no ha sido enviada a juicio, sino por una trama paralela de presunto tráfico de influencias en una operación urbanística para edificar un hotel.
900.000 euros de comisión
Además de los expoliadores confesos del Palau de la Música, las presuntas irregularidades de esta operación paralela también ha sentado en el banquillo a los ex gerentes y ex director jurídico del área de Urbanismo Ramon Massagué y Enric Lambies, así como al arquitecto del despacho Tusquets Carles Díaz, partícipe de los trámites urbanísticos de esta operación.
Bragado, por su parte, enfrenta una petición fiscal de cuatro años y siete meses de prisión por haber cedido supuestamente a las presiones de Millet para tirar adelante el proyecto del hotel ocultando de este modo, y según la Fiscalía, que beneficiaba a un promotor particular.
El fiscal acusa a Millet y Montull de falsedad documental y apropiación indebida, y sostiene que ambos recibieron una comisión de 900.000 euros del promotor del hotel a cambio de adjudicarle el proyecto y de garantizar que este llegara a buen término. El hotel, sin embargo, no prosperó, gracias a la oposición de los vecinos del casco antiguo que aportaron información a la fiscalía y propiciaron la investigación judicial.