Menos control en las subvenciones en salud

Una nueva tramitación establecida por la Consejería de Salud puede convertir las a menudo incomprensibles subvenciones que acuerda este departamento en todavía más opacas y menos controlables.

Una buena parte de estas -en particular las destinadas a sindicatos "amigos"- tienen una finalidad "protectora", o sencillamente de control social y político del sector, por decirlo suavemente. El agraciado tenderá a no criticar cuando se cometa una maldad, cosa que hoy es una gran especialidad de aquella Consejería.

En el sector de la sanidad algunos sindicatos, entre ellos los insólitamente denominados "de clase" (CCOO y UGT), son a menudo acusados de "amarillos" por sindicatos minoritarios. En el Hospital Clínic de Barcelona, además, hay asociaciones internas que son de traca. Todo ello puede explicar el bajo grado de movilización en contra de unos recortes que nunca se podían ni haber imaginado.

Subvenciones a entidades singulares

Hace meses publiqué un largo artículo en El Debat respecto a las sorprendentes subvenciones que recibían los dos sindicatos citados, así como un ristra de variadas entidades. Parecía un almanaque sindical y de asociaciones aparentemente neutras. Seguro que también son agradecidas. Figuraban jugosas cantidades, con sus NIF, las fechas y las inefables finalidades de las subvenciones. Aun así, también había algunas entidades respetables. Seguramente lo volveré a publicar.

Se trata de ejercer control político y social sobre sindicatos y entidades que tendrían que ejercer funciones de supervisión independiente. Por todas partes, dar subvenciones poco claras es el equivalente a mimar a un gato, por no hacer comparaciones peores. Respecto a la salud, o al ámbito que sea, todo se ha situar en el marco de una maldad más grande: las millonarias subvenciones que reciben los sindicatos del Servicio de Empleo de Cataluña.

Ayudas multimillonarias a los sindicatos

Por este concepto, UGT y CCOO recibieron respectivamente, en Cataluña, en 2009, la fabulosa cantidad de 26 y 25,5 millones de euros, según un muy digno informe de la Sindicatura de Cuentas. Se trata de un total de 8.549 millones de las antiguas pesetas. Se tienen que añadir las subvenciones sectoriales, como las de sanidad o de otro origen.

En realidad, es un tema donde hay mucha -digamos- creatividad. Todo el mundo puede seguir el escándalo de los ERE de Andalucía, que está desengranando eficazmente la jueza Mercedes Alaya.

Según las disposiciones que he encontrado en la red Intranet de la desprestigiada Consejería de Salud, resulta que desde hace poco la tramitación "telemática" de subvenciones sirve de argumento para sustituir el tradicional sistema de acreditación de gastos con las correspondientes facturas por la presentación de una "memoria".

Subvenciones hijas de acuerdos fumígenos

Vale la pena recordar que las subvenciones son teóricamente finalistas, es decir destinadas a un fin concreto. Este puede ser etéreo, del tipo "contribuir al papel de X (un sindicato, por ejemplo) en el funcionamiento del sistema sanitario". En muy poco tiempo se firma un acuerdo más o menos fumígeno, a continuación se concreta en otro breve papel y se pasa a acordar una subvención.

La norma difundida por la red Intranet de la Consejería de las listas de espera, tiene por título "Tramitación integral por canal telemático de las subvenciones de concurrencia pública en materia de fomento de la salud, drogas y sida".

Cambio del sistema de justificación del gasto

En su contenido se afirma que "aprovechando el desarrollo de la tramitación telemática de la justificación, se ha incorporado un conjunto de mejoras que afectan tanto el ámbito normativo como el procedimental".

A continuación añade: "El establecimiento de dos nuevas modalidades de justificación en función del importe: cuenta justificativa con aportación de informe de auditor (otorgamientos iguales o superiores a 60.000 euros) y cuenta justificativa simplificada (otorgamientos inferiores)". Esto acredita que se trata de grandes subvenciones.

Pero el elemento clave aparece a continuación: "La eliminación de la presentación de la documentación justificativa (tradicionalmente han sido o tendrían que haber sido facturas conformadas) y la sustitución (sic) por un modelo de memoria económica en formato de hoja de cálculo".

Facturas sustituidas por una memoria

En todo caso, resulta evidente que una hoja de cálculo no ofrece las mismas garantías que una factura. Esto se pone en negro sobre blanco después de afirmar que "se aprovechaba la tramitación telemática". Caramba, se podría haber "aprovechado" para obligar al escaneo de las facturas.

En la práctica, el uso de una memoria queda más sepultado a los ojos del funcionarios honestos que puedan supervisar la documentación. Si, aún así, salta alguna liebre, puede haber movimiento en busca de una factura adecuada. En todo caso, no parece que "un modelo de memoria económica" sea jurídicamente mejor que una tradicional factura. Recuérdese que estamos hablando de subvenciones jurídicamente finalistas, es decir predeterminadas.

Mas anuló una buena medida del tripartito

También se podría aprovechar que el Segre pasa por Lérida y el Onyar por Gerona, siempre y cuando sirviera para incrementar la precisión de la justificación del buen uso. En realidad, desde que Mas está en el poder este delicado tema, que incluye la acreditación del buen uso de la subvención (y no digo nada de su evaluación, o no evaluación) incluso ha empeorado.

Así, aprovechando una Ley de Medidas Fiscales, que acompañaba un presupuesto, el Gobierno de CiU, el de los pretendidos "mejores" suprimió una norma del tripartito (en su último año de legislatura, todo se ha de decir) por la cual una entidad subvencionada tenía que hacer constar el sueldo real y efectivo de su gerente.

Antes la lengua que la juridicidad

Una nota de color aparece a final de la norma. Explica que "en este proyecto de implantación de la administración electrónica han colaborado activamente la responsable del TIC (tecnologías de la información y la comunicación), la Unidad de Contratación y Patrimonio, la Asesoría Jurídica, la Intervención Delegada, la Oficina de Comunicación, la Sección de Planificación Lingüística, la Oficina de Procesos y Administración Electrónica (Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales) y la Unidad de Organización".

Perdón por reproducir un párrafo que hubiera entusiasmado a George Orwell, el autor de 1984 , libro con un contenido satírico imaginado, que el actual Generalitat ha convertido en una realidad. Lo he hecho para destacar que, vaya, en aquella larga lista de pretendidos afinamientos no figura la inútil (queda redemostrado) Oficina Antifraude de la Generalitat.

¿Dónde estás, Oficina llamada Antifraude?

Es una oficina administrativa, no judicial, que la Generalitat ha usado a efectos de camuflaje. De lo contrario, su función tenía que ser -y como se ve, una vez más, no es- de prevención del fraude y, en definitiva, de la corrupción, no para barnizar nada. Cuando puede servir para confundir, la Generalitat invoca a la mencionada oficina. De lo contrario, se olvida. Parece que haya sido así en el tema de la singular introducción de la tramitación telemática.

¿La peor Consejería de la Generalitat, la de Salud, dará marcha atrás y devolverá a la obligación de incluir directamente las facturas, no "una memoria económica en formato de hoja de cálculo"? Sospecho que no.

La Junta de Andalucía reaccionó

Si así fuera, la Generalitat obraría peor que la Junta de Andalucía. Allí, gracias a las actuaciones de la jueza Alaya, aquella Junta ha decidido suspender el otorgamiento de nuevas subvenciones, por valor de 3,2 millones de euros, hasta que no se aclaren y justifiquen con las correspondientes facturas (sic) los pagos finales de las subvenciones concedidas anteriormente.

Hace semanas que en Cataluña había 22.000 personas que estaban esperando ser operadas de cataratas. Ahora debe haber más. Las listas de todo tipo de operaciones, o de simples visitas, se están alargando. Pero todo indica que el control social continúa siendo una gran razón de ser de muchas subvenciones sanitarias.

Quizás sería hora de que muchos receptores de subvenciones se plantearan, si tienen cabeza y corazón, el tema de las prioridades. ¿Pedirían subvenciones para temas a veces etéreos si ellos estuvieran en una lista de espera? ¿O es que ya tienen asumido que ellos tienen medios para ir a la creciente sanidad privada? ¿Y los que no pueden?

Primero, el control político y social

¿Para qué continúa el inmenso gasto de la Generalitat en comunicación manipuladora si no es para el control social y la propaganda descarada, caso de la maldita TV3?

Todavía hay más: ¿No son las subvenciones un elemento clave de la nefasta docilidad de algunos sindicatos de la sanidad y de asociaciones que dicen tener por objeto la defensa de la sanidad pública? Finalmente, se acaba entendiendo que Mas no pueda usar la acción de gobierno como un elemento de su siempre fallida intención de frenar la justificada pérdida de voto de CDC.