PSC, ICV-EUiA y la CUP llevarán la malnutrición infantil al Parlamento autonómico

Los grupos parlamentarios del PSC, ICV-EUiA y la CUP se han puesto de acuerdo para forzar la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento autonómico dedicado a la malnutrición infantil, según han anunciado este viernes. Esta cuestión ha sido polémica los últimos días, después de que la Sindicatura de Agravios recibiera un informe de la Secretaría de Salud Pública que alertaba de al menos 660 casos de menores de 16 años con malnutrición, debida a causas económicas, y después de que la Consejería de Salud -que previamente lo había negado- admitiera los hechos.

Las tres formaciones de izquierdas consideran que el consejero de Salud, Boi Ruiz, ocultó estos datos en sede parlamentaria. Concretamente, en una pregunta de la diputada socialista Marina Geli de septiembre, donde esta ponía sobre la mesa la existencia de casos de niños con malnutrición por causas económicas, y Ruiz lo negaba, atribuyendo las situaciones de malnutrición infantil a "malos hábitos, obesidad u otras cuestiones contra las cuales hay que luchar", pero en ningún caso a "cuestiones económicas".

Según el reglamento de la Cámara, PSC-ICV-EUiA y la CUP pueden perfectamente forzar la celebración de este pleno extraordinario, puesto que suman más de una cuarta parte (26,6%) de los diputados del Parlamento autonómico. A pesar de que pueden forzar el pleno, no pueden fijar la fecha, cosa que sí podrá hacer la mayoría de CiU y ERC. En todo caso, y también según el reglamento, el pleno se tiene que celebrar en este periodo de sesiones, es decir, antes de las vacaciones del verano.

La consejería admite los hechos

Ayer jueves, la Consejería de Salud de la Generalitat admitió que en Cataluña hay niños menores de 16 años con diagnóstico de malnutrición por razones económicas, contradiciendo de este modo las declaraciones de su titular, Boi Ruiz, que el pasado 3 de septiembre atribuía las causas del problema a "malos hábitos, obesidad u otras cuestiones contra las cuales hay que luchar", pero "no hay por cuestiones económicas".

El Síndico de Agravios, Rafael Ribó, había recibido el jueves anterior un informe elaborado por la Secretaría de Salud Pública donde se reconocía la existencia de al menos 751 casos de malnutrición, entre ellos 660 por "circunstancias personales y sociales de riesgo por alimentación inadecuada" -motivada a su vez por "problemas relacionados con la falta de alimentos", "con la pobreza extrema" y "con unos ingresos bajos"- y 91 por patologías que impiden la asimilación de los nutrientes.

De lo anterior se deriva que el consejero Ruiz ocultó, en su respuesta parlamentaria a Geli, 660 casos de carencias alimentarias por causas económicas y, en consecuencia, descartó tomar medidas para combatirlas.