Tres de las familias a las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho de sus hijos a recibir una enseñanza bilingüe han solicitado ante la fiscalía de menores que se proteja el derecho a la intimidad y el honor de sus hijos, y denuncian que este derecho ha sido vulnerado por el gabinete de prensa del propio TSJC, que divulgó los autos judiciales correspondientes sin ocultar debidamente la intimidad de los menores.
En un comunicado, Convivencia Cívica Catalana, la entidad que asesora a los padres de alumnos afectados, lamenta "la imprudencia del Gabinete de Prensa del TSJC al distribuir a los medios una copia íntegra de los últimos autos, sin reserva alguna respecto a los nombres de los recurrentes, de sus hijos y del centro escolar y del curso en el que siguen sus estudios los escolares".
La entidad añade que "el daño" a la intimidad de los menores "ha sido amplificado al ser difundidos esos nombres a través de la publicación de los referidos autos en determinados diarios", e informa de que ha denunciado estos hechos ante la fiscalía de menores.
Ni cámaras ni prensa
En la denuncia, se solicita la intervención del fiscal "para exigir las responsabilidades a las que hubiera lugar" y se pide prohibir "la presencia de las cámaras de televisión y de la prensa en la puerta de los colegios afectados, con el fin de preservar la intimidad de todos los escolares".
La entidad también ha protestado porque, en uno de los centros a los que acude un menor afectado, se ha distribuido "impunemente" un "pronunciamiento de la Fundación Escola Cristiana", en el que, según Convivencia Cívica Catalana, "se adoctrina políticamente a los escolares y se lanzan graves acusaciones contra las decisiones judiciales". La entidad considera que esta distribución se ha realizado "con la connivencia de los directores del centro".