El fiscal José Perals ha decidido continuar con la demanda interpuesta contra el ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, aun cuando el socio querellante, Jordi Cases, haya anunciado que retira la denuncia, puesto que, por un lado, "existe perjuicio público" por el delito que se ha atribuido a Rosell, y por el otro lado sigue habiendo indicios.

En efecto, Cases ha tomado buena nota de las recomendaciones de su abogado, Felipe Izquierdo, quien le aconsejó retirar la querella contra Rosell por supuesto delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción. A su juicio, el objetivo de la querella ya se ha alcanzado, pues no era otro que el de conocer con exactitud las cifras del traspaso del jugador brasileño Neymar Silva Santos Junior.

Pese a los contactos entre los representantes de la directiva del club y el asociado Cases para frenar este proceso, lo cierto es que el Ministerio Fiscal va a continuar ejerciendo de oficio la acusación contra el ex presidente azulgrana, puesto que el delito de apropiación indebida del que se le acusa es un delito de carácter público que entra dentro de las competencias de la Fiscalía.

"Posibles irregularidades con relevancia jurídico penal"

Izquierdo tenía previsto presentar al juez por escrito su desestimiento, pero según fuentes jurídicas recogidas este lunes por La Vanguardia, el fiscal no está dispuesto a que se archive la querella. De este modo, el texto y los documentos recabados hasta ahora sobre el fichaje del brasileño ya forman parte del procedimiento. 

El pasado viernes, el club hizo públicas las cifras del contrato de Neymar y reconoció que en cinco años costará 132,2 millones de euros, sumando traspaso y salario, y que hubo de pagar cerca de 86 millones por el fichaje, lejos de los 57 inicialmente publicados. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió admitir a trámite la querella puesto que consideraba el fichaje como "una simulación contractual".

Ruz ha abierto diligencias para solicitar al Santos, el club de procedencia del jugador, el contrato de su traspaso, y al mismo tiempo ha requerido al FC Barcelona que entregue otros contratos cifrados en 7,9 millones euros por derechos de tanteo sobre tres jugadores juveniles del Santos que, según Cases, se emplearon para pagar el fichaje, además de otros 9 millones por dos encuentros amistosos.

Tanto el magistrado Ruz como el fiscal Perals sospechan que la "causa y la finalidad" de los contratos para fichar al jugador brasileño podrían no coincidir. Por ello, Ruz considera necesario investigar "las condiciones" del fichaje, al margen de la decisión que tome el querellante, para despejar si hubo "posibles irregularidades con relevancia jurídico penal atribuibles al querellado o a terceras personas".