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Hacienda convocó este miércoles a representantes de las Comunidades Autónomas para empezar a discutir el sistema de financiación territorial. Y en ese primer encuentro de tanteo la Comunidad de Madrid ha exigido como condición esencial para la reforma que Navarra y País Vasco contribuyan a la caja común en función de su riqueza, una tesis que han apoyado tanto Castilla y León como La Rioja, muy afectadas por la fiscalidad de sus vecinos.

Se trataba de un primer contacto con el objetivo de fijar las pautas y los plazos para analizar la actual fórmula de reparto, basada a grandes rasgos en que los gobiernos autonómicos se quedan con la mitad del IVA, la mitad del IRPF y el 58 por ciento de Especiales, y luego esos ingresos se compensan y ajustan con una serie de fondos. La idea expuesta por la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, consiste en que las Autonomías entreguen sus opiniones sobre el modelo de financiación vigente antes del 7 de marzo. Una vez haya recibido dichos informes, Hacienda los compilará en un documento que estará listo para finales de abril y que, a continuación, remitirá a las CCAA para que éstas apunten sus correspondientes observaciones.

Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares y Valencia urgen al Gobierno a que se cambie cuanto antes la financiación.
O dicho de otro modo, no se comenzará a entrar en el detalle de la financiación autonómica por lo menos hasta mayo, un hecho que ha molestado a algunas comunidades. Enseguida, Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares y Valencia, precisamente aquellas que esperan que un cambio de financiación las beneficie, urgieron al Gobierno a que entre en vigor cuanto antes el nuevo esquema de reparto. En cambio, Galicia y Castilla y León comentaron que no hacía falta apresurarse.

Cataluña pidió que el Estado central exhibiese una mayor “lealtad institucional” y que asegurase la suficiencia del modelo, es decir, que haya más recursos para costear los servicios públicos esenciales. Particularmente afectada por sus ingresos per cápita, la Comunidad Valenciana solicitó más fondos por habitante.

Polémica con los regímenes forales

En la reunión, sólo había delegaciones técnicas de las autonomías del régimen común y de las dos ciudades autónomas, y por lo tanto estaban ausentes los representantes del País Vasco y Navarra. La polémica respecto a los regímenes forales viene de lejos. No es la primera vez que Madrid se queja de que País Vasco y Navarra no participen en los instrumentos de solidaridad pese a tratarse de dos de las regiones más ricas de España. Incluso el líder del PSC, Pere Navarro, declaró una vez que los conciertos vasco y navarro suponen un privilegio incompatible con una financiación autonómica justa.

Estas dos autonomías recaudan sus propios impuestos y luego desembolsan un cupo o aportación a cambio de los servicios prestados por el Estado. Según los críticos, el problema radica en que esa cantidad abonada a la Administración central es demasiado baja. Y diversos estudios así lo certifican. Por ejemplo, uno llevado a cabo por el BBVA y el Ivie establece que el País Vasco y Navarra son las comunidades que más se benefician del actual formato. De acuerdo con sus cálculos, pese a que deberían perder un 4 por ciento en función de su renta, los vascos reciben un 5 por ciento más de las Administraciones Públicas que la media. Y otro tanto ocurre con los navarros, que se embolsan un 1 por ciento más cuando deberían restarse un 5 por ciento.

Otro informe que apunta en este sentido es el del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri. Recogido en el libro del Instituto de Estudios Económicos titulado Propuestas para la Reforma de la Financiación Autonómica, éste concluye que el cupo supone una limitación a la solidaridad y que, por consiguiente, brinda a las regiones forales entre el 40 y el 60 por ciento más de recursos per cápita para sufragar las mismas competencias que otras CCAA.