La semana negra del PP

El segundo aniversario de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa coincidió con la semana más negra del PP. Algunos dirigentes no se lo pueden creer. "Ahora que empezábamos a salir de la crisis", susurran.

Sí, con el Gobierno empeñado en su discurso optimista del fin de la crisis y la luz al final del túnel, para intentar afrontar las elecciones europeas de mayo de 2014 con el fuelle suficiente para evitar la gran derrota, de pronto, se ha puesto todo patas arriba. No la economía, que, salvo por algunos datos macroeconómicos, sigue más o menos igual.

Lo que ha estallado es la credibilidad. Y eso que parecía que el PP estaba superando el desgaste que le supuso el caso Bárcenas, con la aparición de casi 50 millones en Suiza, amasados y evadidos por el ex tesorero, y la de los papeles manuscritos que sugieren una presunta financiación ilegal del partido.

Aguirre, González, Blesa, Aznar

La semana arrancó con la declaración de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por el caso Gürtel, continuó con la imputación de la esposa de su sucesor, Ignacio González, por blanqueo de capitales en el marco de la investigación de la compra de un ático de 500 metros en Estepona (Málaga), y concluyó con un registro de 14 horas de la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid, ordenada por el juez Ruz, que instruye los sumarios de Bárcenas y la Gürtel. Ruz buscaba documentación de supuestos pagos con dinero negro de las obras de remodelación de la sede y cualquier papel que tuviera relación con la financiación irregular del partido, que cree que el PP le está escamoteando.

Todo esto estuvo además trufado con la filtración a varios diarios de centenares de los correos que se cruzaron el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y políticos del PP, y que sugieren la utilización de la entidad para favores y negocios privados, y que dejan en mal lugar al mismísimo ex presidente José María Aznar.

"Al paso que vamos, no va a quedar títere con cabeza", exclamaba un dirigente. Porque el desánimo cunde entre los cuadros medios, que perciben en la calle cómo estos hechos deterioran la confianza en el PP y en el Gobierno, al tiempo que va aumentando la irritación ciudadana.

Polémica reforma de la ley del aborto

Pero la semana negra no se redujo a cuestiones de supuesta corrupción. Se sumaron asuntos que ponen en cuestión la competencia del Gobierno para gestionar asuntos de Estado, como el del tarifazo de la luz, que ha dejado al descubierto la incapacidad del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para buscar una solución al déficit de las tarifas eléctricas y para modificar el sistema por el que se establece el precio de la luz, pero también ha desvelado la intromisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que echó por tierra la salida pergeñada por su compañero para que el Estado asumiera 3.600 millones de ese déficit de las compañías. De hecho, el asunto sigue en plena crisis y al enfado de los ciudadanos se ha sumado ahora el de las propias empresas eléctricas.

Así las cosas, la guinda la puso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con su retrógrada reforma de la ley del aborto, que ha puesto en pie de guerra a los colectivos de mujeres, ha molestado incluso en las filas populares, y ha irritado a amplios sectores de la sociedad española. "No hacía ninguna falta modificar la ley de esta manera. Con eliminar la posibilidad de que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el permiso paterno hubiera sido suficiente", asegura una pepera, a la que inquieta el nuevo frente de protesta abierto contra el Gobierno.

Muchos dirigentes del PP, especialmente los territoriales, asisten atónitos y con sensación de impotencia a la oleada de revelaciones -los correos de Blesa han levantado muchas ampollas- y a los bandazos del Ejecutivo, mientras elevan las críticas a la estrategia seguida por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, en el caso Bárcenas, que consideran desacertada, pero también lamentan que Rajoy no frenara el proyecto de Gallardón y no haya puesto orden entre sus ministros por el tema eléctrico.