El Gobierno deja claro que seguirá ayudando económicamente a la Generalidad pese al órdago secesionista de Artur Mas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado este viernes un mensaje de tranquilidad -y de firmeza- dirigido a los ciudadanos preocupados ante la posibilidad de que el Ejecutivo continúe o no continúe ayudando financieramente a la Generalidad -a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)-, a pesar del recrudecimiento del desafío independentista del Gobierno autonómico de Artur Mas, después de que los partidos favorables al referéndum secesionista presentaran ayer dos preguntas para la hipotética consulta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y después de repetir -ya lo hizo el día anterior el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- que la consulta "es inconstitucional porque corresponde a todos los españoles, como titulares de la soberanía, decir como se organiza el Estado", y que "sobre lo que es un asunto que compete al conjunto del pueblo español, nadie puede entrar más que el conjunto del pueblo español", ha precisado:

"Ello no quita para que nosotros, como Gobierno de la nación, y por tanto como Gobierno de los catalanes, en el marco del Gobierno de la nación, sigamos trabajando para fortalecer los lazos económicos, sociales, políticos y afectivos de los catalanes y del resto de los españoles. Y seguiremos trabajando para que los catalanes, de los que también somos Gobierno y nos preocupamos por su bienestar, por sus servicios públicos, por sus inversiones, por sus infraestructuras, se vean lo menos perjudicados posible por el proceso [independentista]".

El Gobierno "no va a perjudicar los servicios públicos en Cataluña"

Preguntada a continuación sobre por qué el Gobierno "sigue rescatando" a la Generalidad, teniendo en cuenta que esta dedica "parte de los recursos públicos" a organizar simposios como el polémico "España contra Cataluña", Sáenz de Santamaría también ha sido firme.

La vicepresidenta ha empezado recordando el "enorme esfuerzo de todas las administraciones, incluidas las CCAA, para cumplir con los objetivos de déficit". Y ha explicado que, a pesar de este esfuerzo, "muchas CCAA en nuestro país no han podido cumplir con los objetivos y tienen cerrados los mercados" y que el Gobierno "está supliendo esas necesidades de financiación.

Sáenz de Santamaría ha recordado que "cinco CCAA, entre las cuales la que me cita [Cataluña]", solicitaron acogerse al FLA. Y ha reiterado que este balón de oxígeno no va a cortarse para Cataluña:

"Este Gobierno, por irresponsabilidades de otros gobiernos, lo que no va a hacer es perjudicar los servicios públicos en Cataluña. No va a perjudicar a los proveedores de Cataluña que tengan problemas porque no les paga la Generalidad para poder seguir manteniendo sus negocios, llámese farmacias llámese el negocio que sea. Este Gobierno tiene una obligación con los ciudadanos, y si otras administraciones no cumplen con esos ciudadanos, porque sus planes económicos no llevan a que puedan de nuevo abrirse los mercados y confíen en ellos, este Gobierno está para que todos los españoles, incluidos los catalanes puedan seguir recibiendo servicios públicos".

En la misma línea, Sáenz de Santamaría ha proclamado que el Ejecutivo "lo que no va a hacer es, encima de la división y de la fractura social, perjudicar con peores servicios públicos o sin poder cobrar a quienes tienen derecho a seguir con su vida de la manera más normal posible".

La vicepresidenta también ha recordado que la ayuda del FLA no es un regalo. "Desde luego, eso es un préstamo, que las CCAA tendrán que devolver, en el marco de lo previsto en la ley", ha recalcado. Sobre la ayuda del FLA, cabe recordar que, aunque efectivamente es un préstamo, lo es a un interés muy inferior al que ofrecerían los mercados a la Generalidad, si no tuviera el acceso cerrado. En este sentido, y calculando solo los 5.370 millones recibidos del FLA por la Generalidad hace un año, el ahorro en costes financieros para la Administración autonómica catalana fue de entre 1.500 y 2.200 millones de euros.