El PP cambia de actitud y atiende las propuestas de reforma constitucional

Hace un par de meses un destacado dirigente del PP aseguraba en privado que su partido estaba dispuesto a escuchar la propuesta de reforma de la Constitución que propone el PSOE. La afirmación sorprendió a sus interlocutores porque hasta entonces sólo se conocían declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consideraba "insensato" tocar el texto constitucional, además de que sobrevolaba la ruptura de relaciones con el Gobierno anunciada por el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras acusar a Rajoy de haber mentido en el Parlamento sobre el caso Bárcenas.

Que algo había de verdad se detectó rápidamente por el nerviosismo del informante ante la posibilidad de que apareciera publicado y solo se necesitaron unos días para saber que Rajoy y Rubalcaba se habían visto para hablar precisamente del polvorín catalán y de la posible reforma de la Carta Magna. Así que la ruptura de relaciones había durado poco -afortunadamente los dos grandes partidos españoles hablaban al menos de temas de Estado- y el PP se disponía a atender las posiciones socialistas sobre la reforma constitucional.

"No tiene sentido -decía un miembro de la cúpula popular- que el PSOE tenga una propuesta muy avanzada de reforma de la Constitución y el PP no la conozca". Especialmente, porque la reforma solo será posible -y en esto hay coincidencia general- si se consigue un grado de consenso similar al logrado en 1978, hace ahora 35 años, el pacto de la derecha, la izquierda, más los partidos nacionalistas. La propia Constitución exige para su reforma una mayoría de dos tercios de las Cámaras y, en aspectos esenciales como los que se pretende tocar, la disolución inmediata de las Cortes Generales que la hayan votado, unas nuevas elecciones, una nueva ratificación parlamentaria por la misma mayoría y su sometimiento posterior a un referéndum popular.

"Una solución constitucional que satisfaga a la mayoría de los españoles"

La noticia de los últimos días está, por tanto, en el cambio de actitud del Gobierno y del PP, que parecen no solo dispuestos a escuchar a los socialistas -"yo no me cierro en banda", admitió Rajoy el viernes- sino incluso a plantearse una reforma constitucional que hasta ahora rechazaban. Y es que por más que todos los partidos coincidan en hacer un balance muy positivo de los 35 años de Constitución -la etapa más larga de democracia, libertad, progreso y descentralización de la historia de España-, hasta en el PP empiezan a ser conscientes de que hay algunos problemas nuevos, generados por las crisis económica, política, institucional y territorial, que tendrían que afrontarse con la renovación del pacto constitucional entre los españoles.

Aunque la dimensión de los cambios, e incluso el sujeto de los mismos, es el principal asunto de debate entre los grandes partidos ante una reforma constitucional, parece claro que lo que les mueve a hablar de ello es tratar de buscar una solución al conflicto catalán. "Si entre el PP y el PSOE podemos encontrar una solución constitucional que satisfaga a la mayoría de los españoles, intentémoslo", admitía en privado, claro, una persona próxima a Rajoy, coincidiendo así con el espíritu que guía al PSOE y al PSC. Pero no se trata solo de cambiar la Constitución para Cataluña, hay muchos otros aspectos que los socialistas, que son quienes tienen más avanzado un proyecto, consideran que habría que tocar, convencidos ahora de que una Constitución que no se reforma se acaba fosilizando y puede perder utilidad.

De hecho, hasta 2011, hablar de cambios constitucionales estaba vetado. Los políticos habían sacralizado la Constitución, por la misma razón que la hicieron garantista, para consolidar la democracia y evitar que se viera sometida a una hipotética inestabilidad política consecuencia de 40 años de dictadura franquista, o al azote de los sectores golpistas que en 1978 pervivían en las Fuerzas Armadas, como se demostró en el intento de golpe del 23 de febrero de 1981.

Devolver la credibilidad

Esos peligros están superados hace tiempo y lo que parecía intocable dejó de serlo, ante el asombro de la ciudadanía, en agosto de 2011, cuando se forjó un acuerdo contrarreloj entre el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy, entonces líder de la oposición, para introducir en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria exigido por el Banco Central Europeo.

Ahora, además del PSOE, el PSC y numerosos constitucionalistas, en el PP se empieza a entrever la necesidad de remozar el articulado, modificarlo, modernizarlo y hacer partícipe del nuevo pacto constitucional a la nueva generación de españoles que no tenía edad para votar o ni siquiera había nacido en 1978, en un intento de devolverles la credibilidad a las instituciones afectadas por el desprestigio de la política, la crisis y la corrupción.

Hay también quien sostiene que no hace falta cambiar las constituciones porque una parte importante de la población no haya tenido la oportunidad de votarlas, que no se puede hacer una constitución nueva cada pocos años, pero los que defienden los cambios recuerdan que las constituciones más sólidas, como la de Estados Unidos, han sido sometidas a sucesivas enmiendas o reformas.