"La verdad es que no creo probable o incluso posible que un Gobierno autonómico como el de Cataluña esté dispuesto a romper las reglas del juego que nos obligan a todos. Y no quiero que mi respuesta tense la cuerda innecesariamente. Pero sí es claro, y lo reitero, que la Constitución y las leyes están para cumplirlas y respetarlas, incluso cuando se intentan cambiar. Y esto es una obligación de todos los poderes del Estado"

Felipe González, ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE, en una entrevista publicada este viernes en El País:

[...] La única salida al conflicto creado en Cataluña por el Gobierno [autonómico] de Artur Mas y sus amenazas de promover un proceso independentista pasan por una reforma de la Constitución que incluya las singularidades de esa comunidad y le dé más competencias que al resto?

Como estoy proponiendo el comienzo de un diálogo en profundidad, no quiero atribuir la responsabilidad del conflicto al Gobierno [autonómico] de Artur Mas, porque me dirían que ellos han reaccionado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Se reformó el Estatuto, se sometió a referéndum en Cataluña después de un largo proceso parlamentario y el tribunal anuló algunos artículos de ese Estatuto. Fue la consecuencia de un recurso del PP, que incluyó esos mismos artículos en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y hoy resulta que no están vigentes en Cataluña y sí lo están en Valencia. Es fácil pensar desde el sentimiento catalán que la sentencia es contra Cataluña. Pero, como ya dije en su día, lo más inadecuado de la sentencia no eran los escasos artículos suprimidos, sino un desafortunado juicio político sobre la percepción mayoritaria que Cataluña tiene sobre su propia identidad. La aceptación de la singularidad de Cataluña, con sus hechos diferenciales y las correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubiera exigido necesariamente una reforma de la Constitución. Sin embargo, como ocurrió lo que ocurrió con el Constitucional, es probable que la salida de una reforma constitucional que recoja la singularidad sea ahora necesaria.

[...] ¿Fue un error de las Cortes Constituyentes aprobar el artículo 150.2, que dejaba abierta de manera indefinida la posibilidad del traspaso de nuevas competencias a las CCAA?

No, no fue un error, fue una necesidad en aquella coyuntura histórica. La Constitución preveía un proceso de descentralización política a lo largo del tiempo, de manera gradual. Hubiera sido insensato por entonces liquidar, por ejemplo, la estructura territorial del Estado heredada de la época napoleónica, con las provincias y lo que llevaba aparejado, sin que se fuera consolidando una nueva estructura de poder regional. Tampoco era previsible quién podía aspirar a organizarse territorialmente en CCAA, salvo en los casos en que la reclamación de las libertades democráticas estaban ligadas a la reclamación de un poder autonómico. Estos casos eran muy limitados porque se trataba más de una recuperación que de una implantación de nuevo cuño. Hoy, 35 años después, puede y debe hacerse el ejercicio reformador que permita cerrar en gran medida el proceso. Es evidente que ya tenemos otra estructura de redistribución del poder, que convive de forma poco eficiente con viejas estructuras del pasado. Para hacer este ejercicio, que poco tiene que ver con la petición inmediata del Gobierno [autonómico] catalán sobre el derecho a decidir, habría que tener claro que en la redistribución del poder en un país complejo por su diversidad, como España, hay que aplicar dos principios: el principio de subsidiariedad -definir cómo se reparten las competencias entre los diversos poderes, central, autonómico y local- y el principio del respeto a la diversidad de identidades. En España tenemos que tener en cuenta lo que llamamos hechos diferenciales, que rompen la igualdad básica entre todos los ciudadanos pero integran percepciones distintas de la identidad. Por seguir con el caso de Cataluña, es indiscutible, aunque algunos obtusos no lo vean, que su lengua propia, su identificación con una policía propia o sus diferencias históricas en el derecho civil son singularidades que tienen que ser reconocidas en su autogobierno, y no en el autogobierno, por seguir el ejemplo, de Castilla-La Mancha.

[...] Durante los debates parlamentarios sobre el artículo 2 de la Constitución, los principales partidos nacionalistas vascos y catalanes dieron a entender que ese era su tope y que no irían más allá en sus aspiraciones de autodeterminación. ¿Esperaba usted que aquel compromiso se rompiera 35 años después?

No, no lo esperaba. Porque los poderes autonómicos, como todos los poderes del Estado, están obligados a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes, incluso cuando legítimamente se aspire a cambiarlas. La democracia, como sistema de convivencia, es un asunto más serio que algunas interpretaciones inconsistentes que están haciendo de sus elementos definitorios. Es obvio que la democracia se ejerce respetando el juego de la minorías y de las mayorías, pero el ejercicio democrático debe respetar las reglas establecidas y las competencias atribuidas a cada cual. Por tanto, cuando se afirma "con la ley o contra la ley haré lo que la mayoría decida" se pone en juego la legitimidad del ejercicio democrático y se entra en una dinámica disolvente en la que todos terminaremos perdiendo.

[...] Ustedes aprobaron el artículo 155 de la Constitución, que permite tomar "las medidas necesarias" contra una autonomía que incumpla la Constitución. ¿Sería partidario de aplicarlo en Cataluña si la Generalidad impulsa una consulta ilegal?

Responder a esta pregunta supondría que creo probable o incluso posible que un Gobierno autonómico como el de Cataluña esté dispuesto a romper las reglas del juego que nos obligan a todos. La verdad es que no lo creo. Y no quiero que mi respuesta tense la cuerda innecesariamente. Pero sí es claro, y lo reitero, que la Constitución y las leyes están para cumplirlas y respetarlas, incluso cuando se intentan cambiar. Y esto es una obligación de todos los poderes del Estado.