El PSC pide a la fiscalía que investigue la monitorización de personas por el Cesicat y los móviles espías de la Generalidad

"No sabemos si estos hechos son ciertos, o no, [pero] con los documentos, en manos del fiscal, creemos que la fiscalía tiene el deber de investigarlos, por un principio elemental de prudencia". El PSC ha pedido a la Fiscalía Provincial de Barcelona que investigue los posibles casos de monitorización digital de periodistas e instalación del programa Cerberus en dispositivos móviles.

Los diputados autonómicos socialistas Ferran Pedret y Xavier Sabaté han denunciado que desde el Cesicat se pueden estar llevando a cabo seguimientos digitales masivos y discriminados, sin autorización ni motivo justificado, a periodistas, políticos, abogados y, en general, a cualquier ciudadano.

Además, el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), organismo que depende de la autonómica Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Empresa y Empleo, bajo control del consejero Felip Puig (CiU), habría realizado al menos un informe en el que se detalla qué se podría hacer con un programa espía en "los terminales" de teléfonos móviles distribuidos por los Mossos d'Esquadra a través de la Generalidad.

Hechos de "una enorme gravedad"

Este martes, Pedret (PSC) ha recordado que, de confirmarse las informaciones que han aparecido en las últimas semanas -destapadas en un principio por Anonymous y El Confidencial-, serían hechos de "una enorme gravedad".

Para el diputado autonómico, no es legal ni correcto "que se haga un seguimiento masivo por motivos ideológicos", en referencia a la posible monitorización digital que se habría hecho a personas según su ideología, y ha señalado que este tipo de prácticas van contra las "libertades civiles" de los ciudadanos.

El programa que podría haberse utilizado -instalado en móviles por la policía autonómica y luego repartidos entre altos cargos de la Generalidad- es Cerberus. Este software -indetectable para el usuario- permitiría "espiar" a través de controlar remotamente el micrófono, la cámara de fotos y geolocalizando su ubicación. El programa solo serviría en terminales con el sistema Android.

Petición al Cesicat

En el escrito presentado ante la fiscalía se indica que los "informes de monitorización" que hasta ahora se conocen ponen de manifiesto "el procedimiento de seguimiento" realizado entre el Cesicat y los Mossos d'Esquadra, "hasta el punto de que la propia policía encarga informes sobre perfiles o publicaciones que consideran destacables, como es el caso del perfil del fotógrafo Jordi Borràs".

El PSC apunta a los posibles responsables de los seguimientos, llevados a cabo en 2012. Por parte del Cesicat, Tomàs Roy, su director, José Verdura, su gerente, y Carlos Fragoso y Xavier Forner, los técnicos del organismo autonómico. A estos se sumarían Miquel Bertran y Fran Galera, "ejecutivos" de los Mossos d'Esquadra.

Así, a la fiscalía se ha solicitado que el Cesicat informe exhaustivamente de la actividad realizada sobre la posible monitorización y si esta actividad se ha realizado "por iniciativa propia o por encargo", y que informe sobre "el programa de vigilancia y seguimiento de dispositivos de telefonía móvil".

Además, el PSC pide al fiscal que exija a la Consejería de Interior que informe si ha encargado al Cesicat o a otros organismos de la Generalidad este tipo de actividades. Y que se remita a la Autoridad Catalana de Protección de Datos un escrito para que esta institución informe sobre "los ficheros que contengan datos relativos a la ideología, opinión política o creencias de ciudadanos".

Citar a declarar a Prat y Flamerich

Finalmente, los socialistas quieren que Manel Prat, director de los Mossos d'Esquadra, Carles Flamerich, ex director general del Cesicat -destituido recientemente, tras la publicación de la información-, y Jordi Puigneró, actual director del Cesicat, declaren ante el fiscal sobre todos estos posibles hechos.

La decisión del PSC de llevar el caso ante la fiscalía se produce después de que Puig no pudiera desmentir la acusación planteada por Pedret en el Parlamento autonómico de Cataluña el pasado 20 de noviembre y ante la sospecha de que se esté vulnerando "el derecho fundamental de la intimidad".