La jueza Núria Bassols Muntada ha sido nombrada por Artur Mas la persona encargada del Programa de políticas de transparencia de la Generalidad de Cataluña. Hace solo unas semanas, Bassols archivó la causa contra el diputado autonómico de CiU y concejal en Badalona, Ferran Falcó.
Tal y como consta en el decreto firmado por suplencia el pasado 26 de noviembre por Joana Ortega, vicepresidenta autonómica, ya que Mas estaba fuera de Cataluña, Núria Bassols se ha convertido en la directora y encargada de poner en marcha la política de transparencia anunciada por el Gobierno autonómico.
Sin embargo, este nombramiento puede derivar en polémica política por la persona escogida. Bassols, que accedió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 1999, fue destituida como directora de la Escuela Judicial en 2008 por "pérdida de confianza" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo un año después de convertirse en la primera mujer en dirigir la Escuela Judicial. Once vocales del CGPJ votaron por su destitución y seis se abstuvieron.
Falcó no sabía nada
Pero el nombramiento de Mas firmado a finales del pasado mes y dado a conocer ahora puede poner en duda una decisión adoptada por Bassols desde la sala del TSJC. El pasado 4 de septiembre, la magistrada del TSJC decidió archivar la causa contra Falcó, implicado en el caso Adigsa.
Hace menos de tres meses, Bassols decidió que el entonces imputado por una presunta trama de malversación de fondos públicos y cobro de comisiones durante la etapa en la que Falcó presidió Adigsa, la empresa de la Generalidad encargada de la gestión de las viviendas sociales, no era culpable.
La jueza consideró que no hay "ningún indicio probatorio" contra el político nacionalista, de quién concluyó que no participó en el supuesto cobro de comisiones, ni fue conocedor de la existencia de la supuesta trama que consisitía en la adjudicación irregular a empresarios de obras para rehabilitar viviendas de segunda mano, a cambio de comisiones ilegales de hasta el 20%.
Falcó fue presidente de Adigsa entre 2002 y 2004, pero durante el juicio alegó que el responsable de contratar al principal acusado de la trama, José María Penín, era el entonces consejero delegado, Josep Antoni Fontdevila, también imputado. Bassols determinó entonces que los trámites administrativos investigados finalizaban en Fontdevila.
Bassols, además, está casada con Josep Manel Bassols, ex alcalde de CiU en Anglés (Gerona), una población de poco más de 5.000 habitantes.