Política
La Generalidad rechaza indemnizar a la Monumental por prohibir los toros
El Gobierno autonómico ha vuelto a desestimar una reclamación de indemnización de afectados por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, pese a que la ley que prohíbe estos festejos contempla también indemnizar a los perjudicados. La Generalidad no ha aceptado aun ninguna reclamación. Por el contrario, ha desestimado ya 27 reclamaciones de un total de 29 presentadas.
26 noviembre, 2013 19:05El Gobierno autonómico ha decidido este martes desestimar una reclamación presentada por la empresa Funciones Taurinas S.A., que explota la plaza de toros Monumental de Barcelona desde 2007, y que pedía una indemnización por la prohibición de celebrar corridas de toros en Cataluña. La prohibición la aprobó el Parlamento autonómico en julio de 2010, y entró en vigor el 1 de enero de 2012. La Generalidad ya ha rechazado 27 de las 29 reclamaciones solicitadas por la prohibición de las corridas. La Monumental era el único coso catalán activo en el momento de aprobarse la prohibición.
Según ha explicado el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, la decisión la ha tomado el Consejo Ejecutivo de la Generalidad después de tener en cuenta el dictamen de los asesores jurídicos de la Administración autonómica.
Según argumenta el Ejecutivo autonómico, la prohibición de las corridas "no ha producido una disminución patrimonial" de la empresa reclamante, así como tampoco "una pérdida de beneficios cuyo derecho a ser obtenidos estuvieran en el patrimonio del demandante". La Generalidad alega que, según la documentación presentada por Funciones Taurinas S.A., no se puede hablar de una "existencia real de los daños alegados", sino solo de una "expectativa".
La ley aprobada en el Parlamento autonómico en 2010, a la vez que prohibía los festejos, instaba al Gobierno autonómico a "determinar el importe de la compensación económica que habían de recibir los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición". Una compensación que algunos estudios cifraron en su día en cantidades millonarias, entre 300 y 450 millones de euros en total. Pero que, para la Generalidad, es de momento de cero euros.
Rechazadas 27 de 29 reclamaciones
Desde que entró en vigor la prohibición, el Gobierno autonómico ha recibido 29 solicitudes de indemnización de afectados por el fin de las corridas en Cataluña. De las cuales ha desestimado 27 -contando la de hoy-, una fue retirada por el reclamante, y solo otra más sigue tramitándose.
En diciembre de 2012, la generalidad desestimó doce reclamaciones de sendos toreros. Cuatro meses después, respondió negativamente a otras cinco solicitudes. En mayo, rechazó las reclamaciones de una empresa de alquiler de caballos para espectáculos taurinos y de otra empresa de toros de lidia.
En junio de 2013, finalmente, la Generalidad desestimó las peticiones de doce veterinarios de la Monumental y de los titulares de la plaza de toros de Olot, más que centenaria, pero donde no se celebraban festejos desde 2005, a resultas de una decisión del Gobierno municipal.
PP y C's criticaron las posibles indemnizaciones
Desde que el Parlamento autonómico prohibió los toros en Cataluña, tanto el PP catalán como Ciudadanos -los únicos partidos que se opusieron sin fisuras a la prohibición- han advertido de las posibles reclamaciones a pagar por la Generalidad.
En septiembre de 2011, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, avisó de que su partido -entonces aliado externo de CiU en la Generalidad- no permitiría que el Gobierno autonómico "negocie indemnizaciones" mientras a la vez recortaba "en materia de sanidad y educación".
Posteriormente, en junio del año pasado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lamentó que "la factura de la prohibición" y "la fiesta de la identidad" de las formaciones nacionalistas la tuvieran que pagar los ciudadanos de Cataluña, algo que consideró especialmente grave en época de crisis.
En cualquier caso, la ley que establece la prohibición de las corridas de toros está pendiente de que se resuelva el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional.