El Gobierno autonómico ha decidido este martes "emprender acciones legales y políticas" contra Intereconomía TV y contra 13TV para "parar la incitación al odio en la difusión de determinados contenidos".

La Generalidad se basa en el Informe sobre la difusión de contenidos donde se comparten planteamientos democráticos con movimientos totalitarios o se hace apología directa o indirecta de uso de la violencia ante estos planteamientos, que aprobó el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) el pasado 20 de noviembre, y que concluye que estas dos emisoras "fomentan el odio, el menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad u opinión".

Un informe que, en todo caso, no deja de ser sorprendente por dos motivos: por una parte, el CAC no tiene competencias sobre cadenas de ámbito nacional (como es el caso de las afectadas); y por otra, el CAC no ha reprobado nunca a los medios de comunicación públicos o privados de Cataluña (sobre los que sí tiene competencias) que de forma sistemática y desde hace años vienen difundiendo el discurso del "España nos roba", claramente enmarcado en el "odio por motivos de nacionalidad".

La Generalidad encarga fiscalizar cadenas sobre las que no tiene competencia

El informe, realizado a petición del Gobierno autonómico, analizó los informativos y las tertulias de TV3, 8TV, La 1, Antena 3, Telecinco, 13TV, Intereconomía TV, Catalunya Ràdio, RAC1, Cope, Onda Cero y la Ser entre los días 10 y 17 de septiembre pasados.

Y tenía el encargo de "detectar contenidos que hagan apología de la violencia ante planteamientos políticos democráticos sobre los diferentes modelos de organización política de Cataluña y de relación con el Estado español", y "detectar contenidos que relacionen la sociedad, las instituciones o los procesos políticos de Cataluña o del Estado, incluidos las personas que forman parte de ellos, con movimientos, regímenes o actitudes totalitarias que los banalicen".

De su análisis, el CAC ha encontrado 43 fragmentos en los que considera que "se observa una clara equiparación entre los que, tanto desde las instituciones, partidos políticos o asociaciones, promueven, colaboran o se identifican con posiciones favorables a una posible independencia de Cataluña, con regímenes totalitarios y genocidas de la historia europea más reciente".

Losantos, Merlos y Horcajo

Se da la circunstancia de que todos los cortes denunciados fueron emitidos únicamente en Intereconomía TV y en 13TV. De esos 43 fragmentos, 27 corresponden a intervenciones del periodista Federico Jiménez Losantos; cinco, al periodista Alfonso Merlos; otros cinco, al periodista Xavier Horcajo; y el resto, a tertulianos de diferentes programas de estas dos emisoras.

Una parte de estas intervenciones comparan el proyecto independentista del nacionalismo catalán y el adoctrinamiento de los niños llevado a cabo por el Gobierno autonómico con el nazismo, otras acusan a la Generalidad de estar generando odio y división, y de actuar de forma totalitaria.

En cualquier caso, el portavoz de la Generalidad y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que las acciones legales se emprenderán "por la vía civil y por la vía penal". Además, han enviado el informe al Gobierno y a las instituciones comunitarias, y han anunciado que también se lo harán llegar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entidad competente para sancionar a las emisoras de ámbito nacional.

Según Homs, "esta constante identificación de lo que se plantea desde Cataluña -que es, como saben todos ustedes, radicalmente democrático-, esta similitud y banalización del nazismo se ha de combatir de raíz, no se puede tolerar en ningún caso".

"Apología del odio a España y a lo español"

Desde el PP y Ciudadanos han sido muy críticos con la decisión del Ejecutivo autonómico, pese a rechazar las comparaciones con el nazismo recogidas en algunos de los cortes denunciados.

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento autonómico, Santi Rodríguez, ha acusado al CAC de "malversar fondos" por elaborar informes sobre televisiones que exceden su marco competencial, y ha asegurado que CiU utiliza el organismo de modo partidista, intentando "censurar" y "controlar" a los medios privados "como hace como los medios públicos catalanes".

Una censura que, según Rodríguez, también se refleja en el hecho de que, de forma excepcional, el informe del CAC no ha recogido los votos particulares discrepantes, y se ha tenido que aprobar gracias al voto de calidad de su presidente.

Más contundente ha estado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Jordi Cañas, que se ha mostrado sorprendido del anuncio de Homs, "uno de los aprendides más destacados de la propaganda goebbeliana".

Según Cañas es un contrasentido que desde la Generalidad denuncien a medios de comunicación privados, cuando desde TV3 no dejan de hacer "apología del odio a España y a lo español", difundiendo mensajes como que "España nos roba". El dirigente de Ciudadanos, al igual que el portavoz popular, ha reclamado el cierre del CAC.

Homs ya amenazó con cerrar Intereconomía en 2011

Las dos consejeras del CAC propuestas por el PSC (Carme Figueras y Elisenda Malaret), en su voto particular contrario al informe, argumentan que, pese a que la mayoría de las frases analizadas "chocan, ofenden e inquietan", "no se refieren a un grupo o colectivo determinado y necesitado de especial protección por su situación de vulnerabilidad; las manifestaciones no se dirigen contra una comunidad cuyos miembros puedan ser objeto de discriminación o segregación por razones de la raza, el color, la orientación sexual, la ascendencia, o el origen étnico o nacional (extranjeros) y, por tanto, no se pueden incluir en lo que se denomina discurso del odio".

De igual forma, el consejero propuesto por el PP (Daniel Sirera) defiende su voto contrario, señalando que "de las opiniones transcritas en el informe, por muy duras que puedan ser, no se desprende fomento del odio, menosprecio o discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, raza, etnia u orientación sexual".  E insiste en que las críticas de los periodistas van a posiciones políticas y sociales que "defienden planteamientos que no son democráticos", puesto que el "presunto derecho a decidir" no está avalado por la legislación democrática catalana, española o internacional.

Por otra parte, hace dos años, durante una intervención en la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) del Parlamento autonómico de Cataluña, el propio Homs amenazó a Intereconomía TV:

"Por cierto, aprovecho que estoy hablando de la cobertura para hacer una reflexión que no afecta estrictamente a la CCMA, pero sí al ahorro que puede generar lo que les diré. ¿Desde la Generalidad tenemos que pagar el elevadísimo gasto para que cadenas españolas como, por ejemplo, -y no tengo nada en contra de ella, o sí- Intereconomía lleguen al conjunto del país [por Cataluña]? ¿El elevado coste que esto representa se ha de sufragar con dinero público, con dinero de la Generalidad, cuando no tenemos la obligación legal de hacerlo? Nosotros creemos que no. Y por eso afirmamos que queremos llevar a cabo una revisión a fondo del plan de cobertura de la televisión digital".