El último informe realizado por el Tribunal de Cuentas, en el que se fiscalizan los estados contables de los partidos políticos, alerta de la crítica situación financiera de CiU y UDC, que presentan un patrimonio neto negativo de 21,3 millones de euros (10,1 millones la federación, y 11,2 millones UDC).

El documento, que la institución fiscalizadora acaba de remitir al Congreso y cuyas conclusiones ha avanzado este jueves El Mundo, corresponde a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, advierte de la gravedad de los agujeros patrimoniales que presentan 17 formaciones políticas de toda España, entre las que sobresale el caso de la coalición nacionalista encabezada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el de la formación democristiana liderada por Josep Antoni Duran i Lleida.

El Tribunal de Cuentas urge a estos 17 partidos a "ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial, habida cuenta de que los ingresos públicos [las subvenciones] representan la mayor parte de los ingresos registrados".

Tras UDC y CiU, en la lista de formaciones en quiebra técnica se sitúan IU y sus federaciones (con 14 millones de patrimonio neto negativo), el BNG (3,4 millones de euros), ICV (3,1 millones) y el Bloque Nacionalista Valencià (1,1 millones). Por debajo del millón de euros de agujero patrimonial la Chunta Aragonesista, UPyD, Partido Aragonés y Amaiur. Mientras que Geroa Bai y Coalición Canaria presentan un desequilibrio de alrededor de 100.000 euros. El PP, el PSOE y CDC, por su parte, presentan un patrimonio neto positivo. 

Una situación que se arrastra desde hace años

En realidad, la precaria situación económica de CiU no es ninguna novedad. El informe del Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos correspondiente al año 2008 -que se conoció en julio pasado- ya advertía de que el patrimonio neto de la coalición presentaba un saldo negativo de 10,7 millones de euros, mientras que el agujero patrimonial de UDC superaba los 8 millones de euros.

Entonces, la institución fiscalizadora también les instó a "ajustar su actividad económica y acomodar su apalancamiento financiero a los ingresos previstos, a fin de mantener el patrimonio neto en niveles que aseguren la permanencia de la actividad económica".

El informe de 2008 señalaba que la deuda de CiU con las entidades de crédito ascendía a 11.733.808,45 euros, mientras que UDC tenía una deuda de 12.200.647,65 euros con entidades de crédito y de 1.372.124,36 euros con dos acreedores por las obras realizadas en la sede del partido en el ejercicio anterior. Por su parte, CDC, sobre cuya situación patrimionial el Tribunal de Cuentas no realiza ninguna observación, debía 3.158.306,18 euros a los bancos.

CiU, especialista en recibir donaciones anónimas

Los socios que forman la federación nacionalista de CiU han sido unos de los más perjudicados con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que eliminó las donaciones anónimas (hasta entonces, permitidas, con el límite de que una misma persona física o jurídica no podía entregar a una formación política cantidades superiores a los 60.101,21 euros anuales, si bien, en la práctica era muy difícil de controlar ese límite).

Según los datos publicados por el Tribunal de Cuentas, entre 1987 y 2007, CiU (incluidos los dos partidos que forman la coalición) recaudó 41,9 millones de euros en donaciones anónimas, lo que supone el 41,8% de los 100,3 millones de euros recibidos por ese concepto por todos los partidos políticos españoles con representación en las Cortes Generales o en los parlamentos autonómicos a lo largo de ese período, a pesar de que la federación nacionalista tuvo una representación de entre el 3% y el 5% a nivel nacional.

En el informe sobre el ejercicio 2008, el Tribunal de Cuentas denunció que CDC y UDC fueran incapaces de justificar debidamente los motivos por los que recibieron 1,9 millones de euros ese año procedentes de sus cuatro fundaciones que a su vez, algunas de las cuales recibieron donaciones multimillonarias de la trama de presunta corrupción urdida en torno al Palau de la Música.