"No queremos generar conflictos, cuando ya tenemos bastantes". Con este argumento, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell (CiU), justificó este martes que en el proyecto de Presupuestos de la Generalidad de 2014 no se hayan incluido los 9.375,7 millones de euros que el Ejecutivo autonómico reclama al Gobierno, en concepto de supuestas deudas pendientes.

"Desde el punto de vista de la operatividad, nos conviene que el presupuesto sea un instrumento de funcionamiento efectivo y eficiente en un año particularmente complicado", añadió Mas-Colell, quien consideró que "es mejor" que las cuentas autonómicas reflejen partidas "reales".

En este sentido, el consejero autonómico sí que aseguró que "si conseguimos los recursos que puedan venir de la batalla política en cualquiera de los cinco o seis conceptos reclamados, no nos preocupemos porque tenemos formas de incorporarlos en los presupuestos", pero "no hemos querido poner partidas muy directas que entran en contradicción con los Presupuestos Generales del Estado".

De igual forma, en una nota de prensa, el Gobierno autonómico explicó que, aunque no había incluido en el presupuesto las cifras de su informe de agravios, "mantendrá una negociación política firme para conseguir los ingresos que le corresponde".

El Gobierno frena el contrainforme

Esta actitud de la Generalidad se ha visto correspondida por parte del Gobierno, lo que apunta a que ambos ejecutivos -autonómico y nacional- han iniciado una fase acercamiento en sus posiciones lejos de los reproches mutuos.

De hecho, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), anunció hace unos días que estaba preparando una respuesta al informe de agravios de la Generalidad.

Incluso se filtró a los medios un primer avance de ese contrainforme, que se centraba en el déficit que el sistema de pensiones en Cataluña registra desde 2010, lo que hace que las prestaciones de los pensionistas catalanes solo puedan pagarse gracias a la solidaridad territorial.

Sin embargo, con el acercamiento de posiciones, la publicación de esa respuesta se ha frenado. Ayer mismo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al ser preguntado por el contrainforme, prefirió ironizar y señaló que no estará listo hasta que "el conjunto de la parte catalana se ponga de acuerdo" sobre los supuestos agravios y distingan entre deudas y "reclamaciones morales".

Beteta se refería, de esta forma, al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien poco después de hacerse público el informe de la Generalidad reconoció que la Disposición Adicional Tercera del Estatuto no es de obligado cumplimiento, con lo cual, "no es correcto" ni "justo" exigir al Gobierno el montante de inversiones en infraestructuras equivalente al PIB.