El Gobierno de la Generalidad Valenciana ha tomado este martes una decisión drástica: pocas horas después de que los Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya anulado el expediente de regulación de empleo para un millar de trabajadores en la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el Ejecutivo autonómico de Alberto Fabra ha decidido cerrarla.
El anuncio lo ha hecho el Gobierno autonómico este martes por la tarde. En un comunicado, la Generalidad Valenciana explica que la elevada deuda -más de 1.000 millones de euros- de RTVV demostraba que la radio y televisión autonómica era "claramente deficitaria e insostenible con la dimensión" actual. Un escenario ante el cual sólo se abrían dos posibilidades: "redimensionarla", en base de reducir plantilla, o bien "el cierre de la empresa pública".
Las razones de la Generalidad Valenciana
La Generalidad Valenciana optó por la primera opción, según explica en su comunicado, razonando que "ofrece un servicio público". Y que una vez la justicia ha anulado el ERE, "sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la suspensión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico".
El Ejecutivo autonómico de Fabra defiende esta decisión explicando que "la readmisión de más de mil empleados", según la resolución del TSJCV, hace "inviable" la continuidad de RTVV, porque "sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros". Una cantidad a la cual se tendrían que sumar los gastos "de funcionamiento y mantenimiento" de la radio y televisión pública autonómica, y que "la Generalidad no puede asumir en estos momentos".
La sentencia del TSJCV que ha desencadenado el cierre de los diferentes canales de Canal 9 y Nou Radio obligaba a readmitir los cerca de mil trabajadores despedidos por el ERE, dando la razón a la petición de nulidad que habían hecho los sindicatos y el ministerio fiscal. La sentencia considera que el ERE vulneraba derechos fundamentales de los trabajadores e incumplía el principio de igualdad.