El Gobierno de Mariano Rajoy se ha volcado en el rescate de la Generalidad. La situación de la Administración autonómica catalana es desesperada: debe decenas de miles de millones, es incapaz de hacer frente a los proveedores, no paga a los farmacéuticos desde hace meses y los funcionarios autonómicos cobran gracias a las transfusiones financieras del Estado. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Collell, ha admitido que están a la espera de una transferencia de 1.700 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) estatal para poder hacer frente a parte de sus obligaciones más urgentes.

La caja de la Generalidad está tan vacía que el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación provincial, ambas en manos de Convergència, se han convertido en los principales prestamistas de la Generalidad, las instituciones que permiten que se destinen 15 millones de euros a la compra de urnas para el referéndum o que se contraten los servicios de diplomáticos extranjeros para "internacionalizar el conflicto", como la compañía Independent Diplomatic de un ex embajador británico, según informaba El País en su edición del viernes, mientras se recorta en capítulos de sanidad y prestaciones sociales.

Es en este contexto en el que se produce el "memorial de agravios" de la Generalidad en el que se cifraba la deuda de España con Cataluña en casi diez mil millones y también en el que abiertamente negocian ministros y dirigentes del PP con consejeros y dirigentes de Convergència y de Unió.

El Gobierno apuesta por el diálogo

El mismo Mas-Collell, por ejemplo, no tenía empacho en reconocer ante los periodistas sus conversaciones telefónicas con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para conseguir liquidez a corto plazo. El de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, se ha erigido en uno de los más firmes defensores de negociar con el Gobierno autonómico catalán; Jorge Moragas, el director de gabinete de Rajoy, es también una pieza clave en el diseño y puesta en marcha de esta estrategia, mientras en la contraparte Duran abandera un "equipo" en el que figuran, entre otros, el ex diputado y ex consejero Jordi Vilajoana (amigo personal de Mas), Francesc Homs (uno de los cabecillas más entusiastas del separatismo y portavoz del Ejecutivo autonómico), así como Santi Vila, el consejero de Territorio y Sostenibilidad que mantiene unas excelentes relaciones con la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Duran ha dejado pocos resquicios a la imaginación: aspiran a una "solución" que contemple una reforma de la Constitución, un cambio radical que satisfaga el reconocimiento de Cataluña como nación, un concierto fiscal equiparable al vasco y una consulta que dé pie a sus reivindicaciones. El Gobierno traduce las advertencias nacionalistas como fuegos de artificio y como prueba de buena voluntad ha paralizado la presentación de un informe sobre las inversiones del Estado en Cataluña y ha impuesto una línea de tibieza que pretende responder al espíritu del momento, bautizado en el periódico La Vanguardia como "la hora de los moderados".

En la Moncloa se sostiene que una aproximación a Duran acentuará el aislamiento de Mas (presionado, además, por los empresarios) y le acercará a la realpolitik. De hecho, la operación de salvamento del presidente de la Generalidad se sustenta en la idea de que Mas habría aceptado que si no levanta el pie del acelerador, Cataluña pasará del FLA al DUI; es decir, de depender del Fondo de Liquidez Autonómica a una Declaración Unilateral de Independencia (cuyo acrónimo es muy del gusto de los nacionalistas para agilizar las conversaciones y facilitar los titulares) protagonizada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, como próximo presidente de la Generalidad.

Mas no cambia el rumbo

Sin embargo, los hechos desmienten de momento que Mas esté virando el rumbo. La vicepresidenta de su gobierno, Joana Ortega, se encuentra en Québec para tomar apuntes de cara a la celebración del referéndum el próximo año. ERC y Convergència negocian ya la pregunta y la fecha de la consulta. Todo apunta al 14 de septiembre, pero en caso de que no tuviera avales legales, se plantearía una votación electrónica de una semana y otra presencial en fin de semana en el entorno de ese 14 de septiembre, en pleno apogeo de los fastos del trescientos aniversario de la caída de Barcelona en el sitio de 1714, en la que podrían votar los mayores de dieciséis años y todos los ciudadanos extranjeros empadronados.

Y como contrapeso a las admoniciones empresariales, el aparato civil de Convergència y ERC -la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència, Procés Constituent (el partido de sor Teresa Forcades), entre otras organizaciones- presiona a Mas con la celebración de un acto de más trascendencia que la última cadena humana si no se presenta una pregunta y una fecha antes del próximo 31 de diciembre.

El presidente de la Generalidad se atiene al peso del movimiento civil para defender la alianza con ERC y los contactos para crear una plataforma electoral conjunta con los republicanos de cara a unas elecciones autonómicas plebiscitarias, un invento retórico de la misma factoría que produjo el "derecho a decidir".

La presión de UPyD y Ciudadanos

La "internacionalización del conflicto catalán" se ha saldado con un sonoro portazo europeo a las reivindicaciones separatistas, pero ha conseguido remover la agenda política nacional hasta el punto de producir una crisis de Estado de mucha más envergadura que las que causaron el Plan Ibarretxe o el Estatuto. La estrategia silenciosa de Rajoy no ha dado más frutos que el aumento del separatismo en las encuestas y el crecimiento a pasos agigantados de Ciudadanos, la formación de Albert Rivera, como oposición al nacionalismo en Cataluña, en abierto detrimento del PP catalán.

Pero lo que más preocupa al PP nacional es que el desembarco de Rivera en Madrid altere los tradicionales equilibrios parlamentarios en las próximas generales y pueda necesitar a CiU para gobernar en España, como ha ocurrido tradicionalmente con el PSOE y el PP. UPyD y el partido de Rivera en Madrid, lejos de anularse uno a otro ampliarían las opciones del electorado descontento con la gestión de asuntos como el terrorismo vasco y el separatismo en Cataluña.

La presión de los empresarios, que demandan con urgencia al Gobierno central soluciones al reto de Mas mientras huyen en desbandada del líder nacionalista (en Planeta, La Caixa, Banco Sabadell y hasta Freixenet se ha alzado la voz contra la Generalidad en un acto inédito en la política catalana) también operan a favor de un pacto entre el PP y CiU que rebaje el suflé, en lo que ya se conoce como el pacto del Palace, el hotel preferido de catalanes tan ilustres como el propio Duran. En los ambientes políticos y empresariales de Cataluña se teoriza sobre los efectos e implicaciones del editorial de La Vanguardia mientras se cita el precedente del pacto del Majestic, cuyas negociaciones empezaron al son de "Pujol, enano, habla castellano" y terminaron con una generosa cesión de competencias del Estado a la Generalidad.