El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona considera que los ex dirigentes de CDC Josep Maria Matas y Xavier Solà se enriquecieron a costa de los fondos de la Associació Catalana de Municipis (ACM), un ente municipalista que agrupa ayuntamientos gobernados por CiU. Los dos son los principales imputados de un caso de presunta malversación de fondos públicos en torno a esta asociación, privada pero que se nutre íntegramente de las subvenciones de la Generalidad y de las aportaciones de los municipios que la integran, todos ellos controlados por CiU.
En su auto de conclusiones de la instrucción, el juez Fernando Luis Criado aprecia "indicios racionales suficientes" para considerar que Matas, secretario general de la ACM entre los años 1999 y 2011, "abusando de su cargo", y aprovechándose de sus "poderes ejecutivos" en la asociación y de la "carencia de controles efectivos" en la misma, contrató a cargo del ACM servicios a empresas interpuestas que controlaba. Unos servicios que en ocasiones eran "inexistentes", o que se prestaron incrementando el precio "de forma ilícita.
Actuando "de común y previo acuerdo"
El auto considera que Matas "se apoderaba del sobreprecio" de los servicios realizados y de "la totalidad" del precio facturado por servicios inexistentes. También considera que Solà colaboró "de común y previo acuerdo con Matas" a través de empresas a su nombre.
Una vez cerrada la fase de instrucción, corresponde ahora a la fiscalía y a las acusaciones pedir la apertura de juicio oral o, eventualmente, el archivo del caso.
Tanto Matas cómo Solà, miembros de CDC, han ocupado otros cargos públicos designados por CiU. Matas fue coordinador general de la Diputación de Barcelona, cargo del que fue cesado en plena polémica por este presunto caso de corrupción. Solà, por su parte, fue concejal en Vic y número dos de la Consejería de Cultura, con Ferran Mascarell al frente, durante la pasada legislatura autonómica.