El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha admitido este viernes la petición de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) para ejercer la acusación popular en el caso de los sueldos "desproporcionados" en el consejo de administración de Caixa Catalunya. Por este caso están imputados los dos últimos máximos dirigentes de la entidad, Narcís Serra y Adolf Todó, así como otros 52 directivos. Los imputados empezarán a declarar el próximo lunes.

La CUP hizo esta petición el pasado lunes, en el mismo escrito en que presentaba una querella criminal contra los 54 imputados, a los cuales atribuía -igual que la fiscalía- un delito de administración desleal. La abogada de la formación, Montserrat Vinyets, ha destacado a Crónica Global que el juez no ha pedido a la CUP que deposite ninguna cantidad de dinero en concepto de fianza para ejercer la acusación popular.

En declaraciones a los medios a la salida de la Ciudad de la Justicia, Vinyets ha señalado que han considerado necesario convertirse en acusación popular porque los directivos de Caixa Catalunya se han concedido "desorbitadas e inmorales retribuciones económicas" mientras la entidad "estaba siendo rescatada por fondos públicos". Todo ello, además, "en el marco de una crisis-estafa que se ha ensañado especialmente sobre las clases populares con niveles nunca antes logrados de precariedad y exclusión".

Con la fiscalía "no hay bastante"

La jurista cupaire también ha explicado que, en casos de presuntos delitos "socioeconómicos" como este, a menudo "no hay bastante" con la acusación de la fiscalía, porque esta "cuelga" del poder ejecutivo y, por lo tanto, no está exenta de "presiones".

La querella de la CUP, además de dirigirse contra los 54 imputados, pide la imputación de quién era consejero delegado adjunto de Caixa Catalunya en el momento de los hechos, Jaume Massana.

En su auto del 25 de septiembre, el juez Pijuan decidió imputar a Serra, Todó y los otros 52 directivos al apreciar "indicios de infracción criminal", a partir de la denuncia de la fiscalía. Serra y Todó, serán los primeros a declarar, este próximo lunes, a las 10:30 horas y las 11 horas de la mañana, respectivamente. El resto de imputados están citados a declarar desde aquel día y hasta el 11 de noviembre.

Aumentos "en un entorno de grave crisis"

La denuncia de la fiscalía, presentada el pasado 5 de septiembre, sostiene que los consejos de administración de la entidad de 2010 -en pleno proceso de la fusión que creó CatalunyaCaixa a partir de las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa- se otorgaron "retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas sobre todo cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país".

Según la denuncia, "desde la creación de CatalunyaCaixa el 2010, la entidad ha ido otorgando a sus directivos unas retribuciones -entre sueldos, incentivos y dietas- exageradamente altas y desproporcionadas, en el mismo momento en que solicitaba una 'inyección de dinero público' por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)". Sólo dos años después, la entidad fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno, después de un rescate de cerca de 12.000 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, los 54 directivos denunciados, entre los cuales destacan Serra y Todó como "principales beneficiarios", cometieron un "evidente abuso del cargo" cuando "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".