Los gobiernos autonómicos realizan más viajes de política exterior que el Gobierno

Los responsables de la acción exterior de los gobiernos autonómicos realizaron 931 viajes al extranjero entre 2008 y 2013, y firmaron 277 memorandos de entendimiento, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que dirige José Manuel García-Margallo (PP).

Para el ministro, esta cantidad de viajes pone de manifiesto que es necesario ordenar la acción exterior española, una ordenación que podría quedar establecida con la aprobación de la Ley de la Acción y el Servicio Exterior, cuyo proyecto del Gobierno se aprobó este martes en el Congreso al rechazar las enmiendas de devolución.

García-Margallo explicó que cuando llegó al Gobierno se encontró con 166 oficinas de las Comunidades Autónomas fuera de España, lo que generaba un "enorme desorden" en la acción exterior, también en la propia de la Administración General del Estado. En este sentido, el conjunto de los ministerios del Ejecutivo realizaron un total 718 viajes desde 2008, y las Cortes Generales otros 491, desde 2006.

A estos desplazamientos hay que sumar los protagonizados por cargos de la administración de Justicia, o de los entes locales, unos 250 desde el año 2004, viajes que además, según criticó el ministro, no siempre se notifican a la embajada española del país de destino.

Un ahorro de 74.000 euros por oficina y año

Por esto, García-Margallo insistió que la ley, la primera de este tipo en la historia de la democracia de España, no intenta cercenar la acción exterior de los gobiernos autonómicos sino que busca que todo "suene como una orquesta afinada" y no como un solista sin dirección ni coordinación.

"Todo lo que dice la ley sobre la acción exterior de las CCAA tiene un tono de mano tendida, de invitación", señaló el ministro, defendiendo el proyecto legislativo, quien además emplazó a los responsables de la política exterior de los gobiernos autonómicos a informar de sus viajes para que así obtengan la ayuda y la colaboración de las embajadas de España. Eso sí, "si no quieren informar, allá ellos", resolvió García-Margallo.

Antes de la aprobación de la ley, el Gobierno ya ha ofrecido a los gobiernos autonómicos que se integren en sus oficinas de las embajadas por todo el mundo, de forma que se pueda mejorar la eficacia del servicio y se ahorren gastos, tal y como está haciendo España en delegaciones compartidas con la Unión Europea o países iberoamericanos.

Según cálculos del Ministerio, por cada oficina autonómica que se integre, el Gobierno se ahorraría 8.813 euros y los ejecutivos autonómicos, unos 65.180 euros. En esta línea, Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene firmados protocolos de colaboración con todas las Comunidades Autónomas, salvo los gobirnos autonómicos de Cataluña, País Vasco y las Islas Baleares.

A comisión

El proyecto de ley pasó el primer trámite parlamentario después de que el pleno del Congreso rechazase las enmiendas de devolución presentadas por los grupos parlamentarios del PSOE, de CiU, de PNV y el Grupo Mixto, así como la enmienda de texto alternativo presentada por IU, ICV-EUiA y CHA, con lo que esta iniciativa legislativa continuará su tramitación en la Comisión de Asuntos Exteriores.

La enmiendas presentadas por los primeros grupos parlamentarios se rechazaron por 141 votos a favor, 173 en contra y 5 abstenciones, mientras que la presentada por IU, ICV-EUiA y CHA fue rechazada por 17 votos a favor, 182 en contra y 121 abstenciones.