Magdalena Álvarez declara a la jueza que no sabía nada de los ERE fraudulentos

Magdalena Álvarez ha negado este martes, en su declaración como imputada ante la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, haber promovido el "procedimiento ilegal de ayudas sociolaborales" que se concedieron entre los años 2000 y 2011.

Álvarez fue consejera autonómica entre 1994 y 2004, justo antes de pasar a ostentar la cartera de Fomento en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2009. La imputada ha admitido en su declaración que puede haberse dado un "uso inadecuado" de ciertas partidas de su Consejería, pero ha asegurado que esas partidas fueron presupuestadas correctamente.

También ha insistido en que su gestión fue siempre "clara y transparente", y que en ningún momento supo de las presuntas irregularidades en las ayudas de los ERE. Según el auto por el que la jueza imputó a Álvarez, esta "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación" que habrían servido para enmascarar las irregularidades en los ERE.

Álvarez está acompañada como imputada por su número dos en el departamento, José Salgueiro, y otros cargos que, como precisa la jueza, "en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos".

136 millones estafados presuntamente

Además de Álvarez y Salgueiro, también están imputados el ex viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, y los antiguos viceconsejeros de Empresa Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo Justo Mañas, entre otros, hasta una veintena de nombres.

El caso de los ERE investiga una presunta red corrupta alrededor del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía dedicada a otorgar irregularmente dinero público destinado inicialmente a subvencionar prejubilaciones forzosas en empresas obligadas a presentar un ERE.

Según creen los investigadores, habrían recibido este dinero público personas que nunca habían trabajado en estas empresas, así como otras empresas que nunca han presentado ningún ERE. Además, se habrían pagado, siempre de este dinero público, comisiones por encima del precio de mercado a los intermediarios involucrados y sobornos a políticos para que lo permitieran. En total, se habría estafado un mínimo de 136 millones de euros de la Junta de Andalucía.