La Generalidad recurrirá la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aumentar el objetivo de déficit de 2014

El consejero de la Presidencia de la Generalidad, Francesc Homs, ha anunciado este martes que el Gobierno autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fija un techo de déficit a todas las administraciones públicas, incluyendo las autonómicas, y por lo tanto, también a la Generalidad.

El objetivo último del recurso, según ha explicado Homs, es que el ejecutivo de Artur Mas pueda presupuestar para 2014 un límite de déficit superior al 1% del PIB que ha marcado como límite el Gobierno. Se da el caso de que CiU -con la ayuda del PP- aprobó en el Parlamento autonómico hace sólo un año y medio una Ley de Estabilidad Presupuestaria más exigente en el calendario que la nacional, y que la Generalidad se fijó entonces este mismo 1% como límite de déficit para 2014.

También se da el caso que CiU votó en el Congreso a favor de la Ley de Estabilidad que ahora pretende recurrir. Pero el argumento de la Generalidad, según ha explicado Homs, en rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo, es que este 1% de límite de déficit que marca el Gobierno a las CCAA es inferior al que establece la propia ley.

Así, Homs ha afirmado que la ley establece una transitoriedad de la reducción del déficit hasta 2020, y que "las decisiones del Gobierno español van en contra de la propia ley". En opinión de la Generalidad, el objetivo de déficit de las CCAA para 2014 tendría que ser del 2,2% del PIB.

La ley, de hecho, no fija objetivos de déficit concretos, y especifica que será el Gobierno quien los marcará anualmente, tanto para el conjunto de las administraciones públicas cómo de forma individual para las CCAA. La ley sí que especifica, en cambio, cómo se tienen que repartir las diferentes administraciones el total de deuda pública: 44% para la Administración central, 13% para el conjunto de las CCAA, y 3% para el conjunto de las corporaciones locales.

Homs pide "cumplir las reglas del juego"

"Esta diferencia de 1,2 puntos representa unos 2.400 millones de euros", ha dicho Homs, que ha vaticinado que también otros gobiernos autonómicos recurrirán la ley. Igualmente, ha asegurado que este recurso no tiene nada que ver con el proceso soberanista, y que sólo se trata de "cumplir las reglas del juego".

Esta no es la primera vez que desde la Generalidad se recurre una ley de estabilidad presupuestaria. En 2011, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso del Parlamento autonómico contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria anterior, de 2001, que establecía que el Gobierno tiene potestad de fijar límites para garantizar la estabilidad en las cuentas de las CCAA.

Con posterioridad a esta sentencia, PP y PSOE reformaron la Constitución en el Congreso para incluir un límite de déficit, que se desarrolló justamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ahora recurrirá la Generalidad. CiU, que no dio su apoyo a la reforma constitucional, sí que votó a favor de la ley, -junto a PP, UPyD y UPN- a cambio de que las CCAA que cumplieran con los objetivos de déficit puedan amortizar su deuda en un periodo de 20 años, entre 2012 y 2032.

La ley de CiU, más exigente

A pesar de que ahora la Generalidad encuentra el límite de déficit del 1% demasiado estricto, en mayo de 2012 no pensaba lo mismo. Entonces, sólo un mes después de que el Congreso aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Parlamento autonómico aprobó, con los únicos votos de CiU, PP y el diputado no adscrito Joan Laporta, la ley de estabilidad presupuestaria autonómica, que fijaba un camino de reducción del déficit más exigente que el del Gobierno central.

Así, si la ley nacional prevé llegar al déficit cero en 2020 -con revisión de los objetivos parciales en 2015 y en 2018-, la autonómica añade que dos años antes, en 2018, se tiene que lograr ya una práctica estabilidad presupuestaria, con un déficit de sólo el 0,14%.

A pesar de que la ley no especificaba este calendario, el Gobierno de la Generalidad sí que lo calculó entonces: un déficit del 1,3% para 2012, del 1,1% en 2013 y del 1% en 2014. En los cuatro años siguientes, se preveía que el déficit se redujera paulatinamente, hasta llegar al objetivo del 0,14% en 2018.