Rigau recorta un 20% el presupuesto para programas de cualificación profesional

La Consejería de Enseñanza de la Generalidad destinará este curso un 20% menos a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Pese a que la consejera, Irene Rigau (CiU), prevé dar cabida al mismo número de alumnos que en el curso 2012-2013, lo cierto es que el límite de edad de los solicitantes se recorta de un máximo de 25 a 24 años.

El objetivo de los PCPI pasa por facilitar a los jóvenes (ahora entre 16 y 24 años) que en su día no adquirieron el titulo de graduado en ESO la obtención de un certificado equivalente al tiempo que reciben enseñanza teórico-práctica de un determinado oficio. Para ello, se conceden subvenciones a centros educativos privados, a los centros públicos que no sean de titularidad de la Generalidad y a los establecimientos autorizados por parte de la Consejería de Enseñanza.

Sin embargo, y a pesar del discurso oficial que dice promover la integración laboral de los jóvenes, la subvención presupuestada para los PCPI desciende de los cinco millones de euros destinados en el curso 2012-2013 a los cuatro millones de euros previstos para el presente año escolar, según recoge el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) este viernes.

Se confirma así la tendencia a la baja generalizada en gasto por alumno en Cataluña, que en los dos últimos cursos se ha reducido un 19,6%, mientras los barracones -o "modelos prefabricados", según el Gobierno autonómico- ya dan cobjio a cerca de 19.000 alumnos.

Se relaja el control sobre las subvenciones

Los gastos susceptibles de ser subvencionados se refieren bien al gasto directo de la actividad formativa -esto es, retribución de los formadores, amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas, gastos de medios didácticos y alquiler de locales o talleres empleados durante el desarrollo de la formación-, o bien al gasto indirecto derivado de la actividad -como personal de apoyo, gastos de electricidad, agua, calefacción y limpieza-.

El importe máximo de los gastos indirectos imputados no podrá superar el 15% de los gastos directos. En cualquier caso, la justificación de los mismos también se ha visto ligeramente modificada con la nueva normativa, que añade a los anteriores mecanismos de control del gasto la posibilidad de pasar cuentas mediante auditoría.

Así, donde antes el órgano concesor comprobaba las cuentas justificativas, ahora, el artículo 13.3 de la nueva normativa recoge la opción de realizar la cuenta justificativa con aportación de un informe auditor, y mediante cuenta justificativa simplificada para importes inferiores a 60.000 euros.

La cuenta justificativa simplificada podrá ser cotejada mediante un "muestreo aleatorio simple" de "los justificantes que [el órgano concedente] considere oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención".