Los dos ex presidentes de los FGC condenados por malversación de dinero público deberán volver a la cárcel

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 6 de Cataluña ha anulado el tercer grado (régimen abierto) que el Gobierno autonómico había concedido a los dos ex presidentes de los Ferrocarriles de la Generalidad (FGC) condenados por malversación a penas de cuatro años y medio de cárcel.

En un auto, dado a conocer este viernes, el juzgado ha tomado esta decisión tras el recurso que presentó la Fiscalía Provincial de Barcelona, en el que se defendía que la decisión de la Consejería de Justicia "no es ajustada a derecho" y se pedía que se acordase el segundo grado y no el tercero para los dos condenados que entraron en prisión el 21 y 22 de mayo pasados.

Enric Roig (presidente de los FCG entre 1993 y 1999) y Antoni Herce (presidente entre 1999 y 2000), según la fiscalía, mostraron arrepentimiento -para acceder al tercer grado- "más por temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva". El juez considera con esta decisión que no se han cumplido los requisitos legales para adoptar la medida y los envía a prisión otra vez.

De seis a cuatro años

Roig y Herce fueron condenados, además de con los cuatro años y medio de cárcel, con la obligación de indemnizar con 2.718.035,08 euros al ente público, de los que en julio de este año solo habían devuelto 646.660 euros, según confesó la propia Generalidad. Se probó que habían malversado dinero de los FGC en beneficio propio a través de los fondos de pensiones de la entidad pública.

Los dos ex presidentes de los FGC fueron condenados, en primera instancia, a seis años de prisión. Pero el Tribunal Supremo, en junio de 2012, les rebajó la pena tras aceptar parcialmente sus recursos. Además, los dos fueron inhabilitados durante ocho años y seis meses para cargo público por los delitos continuados de prevaricación con concurso de un delito continuado de malversación.

Las aportaciones al fondo de pensiones, que era gestionado por Winterthur, procedían de los presupuestos de FGC y fueron desviadas de forma metódica a lo largo de diez años y ocultadas contablemente al consejo de administración de la empresa pública aprovechando los altos cargos que ostentaban. En el mismo proceso judicial, el anterior presidente de FGC Albert Vilalta González fue absuelto porque, en su caso, la malversación había prescrito.