Rubio Llorente insiste: el Gobierno puede convocar un referéndum independentista

El ex presidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente ha insistido en que "no sería imposible" que el Gobierno convocara un referéndum independentista en Cataluña, siempre y cuando se hiciera una reforma legislativa; y como mal menor ya que la negativa a la petición de convocatoria puede desembocar en "alternativas de efectos impredecibles".

"El método razonable para formalizar jurídicamente esta voluntad es el referéndum. De acuerdo con el artículo 92 [de la Constitución], no sería imposible que el Estado convocase un referéndum en Cataluña, previa reforma de la Ley Orgánica 2/1980 sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum", ha señalado Rubio Llorente, en un acto celebrado este jueves en Barcelona.

A petición del Parlamento autonómico

En opinión del que fuera vicepresidente del Tribunal Contitucional entre 1989 y 1992, como ha manifestado en otras ocasiones, esta reforma legislativa podría plantearse como "referida solo al caso catalán o bien que se reformulase con carácter general la celebración de referéndums de ámbito subestatal", aunque considera que sería "conveniente" que fuera el Parlamento autonómico de Cataluña el que impulsara esa reforma "mediante una proposición de ley".

Sin embargo, ha advertido de que "las recientes resoluciones sobre el derecho a decidir [de la Cámara autonómica] no solo no cumplen con esa función, sino que concurren a hacer imposible la reforma por ser una mera solicitud sin proposición concreta alguna y porque va acompañada de una decisión que se puede interpretar como una amenaza de convocar una consulta para el año próximo".

Además, Rubio Llorente ha alertado de que teme que "la negativa a convocar el referéndum genere una frustración que puede llevar a la búsqueda de vías alternativas de efectos impredecibles, como las famosas elecciones plebiscitarias", en la línea de lo anunciado por Artur Mas, presidente de la Generalidad, como alternativa al referéndum y bajo la convocatoria de unas elecciones autonómicas.

El modelo de Canadá

El ex magistrado del Alto Tribunal ha admitido, en cualquier caso, que "no es partidario" de la independencia de Cataluña, porque "más que una utopía, es una distopía, un futuro peor que el presente". Pero, aun así, ha calificado de "fin lícito" que se defienda la secesión por "una parte del territorio nacional", siempre que "no se pretenda fuera del margen constitucional".

En esta línea, ha concretado que le parece bien que "la Comunidad interesada [en la secesión] manifieste su voluntad al respecto", apuntando que, en un hipotético referéndum, no tiene ninguna duda de que la pregunta debería ser clara y "única". Una opinión que desarrollará, con toda seguridad, en su comparecencia ante el Parlamento autonómico.

Si el resultado de este referéndum "evidenciase un apoyo amplio y sólido a independencia, debería abrirse un diálogo entre Gobierno y Generalidad sobre la apertura del procedimiento de reforma constitucional, cuya iniciativa podría tomar la propia Generalidad", ha añadido.

"Siguiendo el ejemplo de Canadá, lo lógico sería que antes de iniciar el procedimiento quedasen claras, en esas conversaciones entre los dos gobiernos, las condiciones en las que la independencia podría concederse, que son muchas y muy difíciles", como por ejemplo las condiciones económicas, pero también "cuestiones de más trasfondo" como "el problema de la nacionalidad", que "es uno de los más difíciles que plantea la secesión", ha señalado finalmente.

A la conferencia, en la que también ha participado el catedrático de Filosofía contemporánea Manuel Cruz, han asistido distintas personalidades como el ex secretario general de la OTAN y ex ministro del PSOE, Javier Solana, y la presidenta del Parlamento autonómico, Núria de Gispert (CiU), así como diputados autonómicos de varios partidos.