Las siguientes CCAA no aplicarán el copago en los medicamentos dispensados por las farmacias hospitalarias a pacientes no hospitalizados, desde hoy en vigor en toda España: Islas Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León e Islas Baleares.

Estos gobiernos autonómicos se sustraen por el momento a su implantación, bien por problemas de gestión, bien porque directamente rechazan la medida. Andalucía ha sido la primera en presentar un recurso de alzada contra la misma, y País Vasco e Islas Canarias amenazan con hacer lo propio si la medida persiste.

En cambio, aceptan la legislación CCAA como Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Región de Murcia y La Rioja, admitiendo que el copago ya fue anunciado hace unos meses y que son las CCAA las que tienen que ponerlo en vigor.

El 10% para "medicamentos de elección"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (PP), razonaba recientemente en el Congreso que se trata de una medida de ahorro pensada para garantizar que los fármacos innovadores puedan incorporarse al Sistema Nacional de Sanidad (SNS).

Mato argumentaba que los medicamentos afectados por el copago "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas" y añadía que su dispensación en el ámbito del SNS está limitada "a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

El usuario deberá aportar un 10% del precio del medicamento, con un máximo que actualmente está fijado en 4,20 euros. La medida se aplica a 157 productos de aproximadamente 42 grupos de fármacos, que corresponden a medicamentos destinados a procesos crónicos o graves, hasta ahora exentos de pago.

Reacción sin frentismo

Desde el momento en que se publicó la resolución en el BOE -el pasado 19 de septiembre- la medida suscitó las reacciones de, entre otros, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), José Luis Poveda, quien llamó la atención ante el objetivo "recaudatorio" del copago y denunció que, tratándose de pacientes crónicos, no había razón para intentar "disuadirlos" del abuso de fármacos.

Este mismo martes, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado (PP), ha suscrito lo anterior, declarando, en una entrevista para RNE, que la medida "no va a aportar nuevos ingresos a la sanidad pública" y que, por lo demás, "no debería ser disuasoria".

En cuanto a la razón aducida por algunas CCAA, que consideran problemática la implantantación del copago con tan pocos días de margen, Sáez Aguado admite que comparte esta inquietud, pero acepta que, en tanto normativa nacional, finalmente todas las CCAA tendrán que aplicarla en caso de que no se retire.

Oposición política y civil

Por su parte, algunos grupos de la oposición han rechazado de pleno el copago en las farmacias hospitalarias. El PSOE incluso ha pedido la dimisión de la ministra y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" la medida. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, la ha calificado de "infamia y gestión desleal". Y desde UPyD señalan que no se lograría la recaudación esperada.

En cuanto a los pacientes y médicos asociados en distintos colectivos, como la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, han clamado contra la ministra de Sanidad por "ignorar sistemáticamente" la pervivencia de pacientes con graves enfermedades.

Tambien desde FACUA-Consumidores en Acción se ha acusado al Gobierno y, de nuevo, especialmente a Mato, de lanzar un "nuevo ataque" contra quienes padecen enfermedades crónicas o graves.