Junqueras y Mas prolongan su 'luna de miel' de conveniencia

Como era previsible, no ha habido reproches entre el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), y su aliado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la segunda jornada del Debate sobre Política General que se está celebrando en el Parlamento autonómico de Cataluña.

El líder independentista ha centrado su intervención en los aspectos económicos. Y, como ayer hizo Mas, ha responsabilizado de los recortes de los últimos años al Gobierno.

"El montante total del Presupuesto de la Generalidad de Cataluña no lo deciden las instituciones catalanas ni los ciudadanos de Cataluña, sino que lo decide el Estado, por ejemplo, fijando el límite de déficit", ha señalado, para exculpar a su socio parlamentario.

En ese sentido, ha tomado la palabra a Mas y le ha instado a que cumpla su promesa de que el año que viene no haya "recortes adicionales", especialmente en el ámbito social.

"Estructuras de Estado"

Junqueras ha avalado el optimismo mostrado por Mas en su discurso inaugural, aceptando que hay señales de recuperación económica y motivos para la esperanza, "pero no para la euforia".

"Yo, en particular, y ERC, en general, amamos a España, a la lengua española y a la cultura española, pero no confiamos en el Estado español", ha señalado en otra ocasión, parafraseando al propio Mas.

Para Junqueras, es "urgente" dotar a la Generalidad de "estructuras de Estado" porque, en su opinión, es la única forma de evitar el "estrangulamiento de la clase trabajadora".

El mito de la Disposición Adicional Tercera

La contrarréplica de Mas ha servido para recoger los argumentos de Junqueras, dándole la razón en cuanto a las supuestas limitaciones financieras de la Generalidad a manos del Gobierno. "Y encima amenazan con no pagarte", ha añadido.

Mas ha reiterado que "intentará" dar prioridad a "las políticas sociales" en los presupuestos de 2014.

Por último, el presidente de la Generalidad ha vuelto a apelar a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, como si fuera una panacea para solucionar todas las estrecheces presupuestarias del Gobierno autonómico, olvidando de nuevo que el Tribunal Constitucional desactivó dicha cláusula en su sentencia de junio de 2010.