Nuevo manifiesto regeneracionista, y nuevo manifiesto que pide una reforma de la ley de partidos. El colectivo Foro Democracia, las figuras más visibles del cual son dos ex ministros de coordenadas ideológicas opuestas, Jordi Sevilla (PSOE) y Josep Piqué (PP), ha presentado una propuesta concreta que pide la reforma de la ley de partidos.

Una propuesta que ya ha conseguido un primer éxito, apenas después de nacer: pide que la financiación irregular esté tipificado en el Código Penal, justamente lo que contempla el proyecto de ley aprobado ayer viernes por el Consejo de Ministros.

El texto, hecho público este jueves, como redacción definitiva de unas propuestas iniciales que se empezaron a elaborar en mayo, razona que durante la Transición "se apostó por la estabilización de las instituciones estableciendo instrumentos que, pasadas tres décadas, están mostrando efectos negativos". Explica que esta "voluntad de aportar estabilidad" se tradujo en unos partidos "de los más cerrados de Europa", que "gravitan sobre sus órganos ejecutivos" y que han "blindado sus direcciones frente a los afiliados y la sociedad". Y da recetas para cambiar la situación.

Los congresos, cada dos años

Concretamente, la propuesta critica que el tiempo máximo entre congresos en un partido sea ahora de cuatro años, y pide reducir este plazo a dos años. También sugiere que las formaciones políticas se tengan que dotar de un "parlamento interno" que se reúna "al menos cada seis meses", encargado "de examinar el nivel de cumplimiento de las propuestas electorales".

Como en otras iniciativas parecidas, el texto apuesta por una elección de los candidatos mediante primarias. Extendiendo esta obligación a los candidatos "a la Presidencia del Gobierno y a la presidencia de las Comunidades Autónomas", pero también "a las alcaldías de las poblaciones de más de 5.000 habitantes". La propuesta deja a elección de los partidos que las primarias sean "internas", restringidas a los militantes "con más de dos meses de antigüedad", o bien "abiertas", para cualquier ciudadano.

Sobre las cuentas de los partidos, además de la demanda -ya en marcha- de tipificar como delito la financiación irregular, también se contempla una exigencia de mayor transparencia. Las vías son diversas. En primer lugar, que las formaciones políticas estén fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o "cualquier otra administración pública que legalmente se establezca". En segundo lugar, que los partidos estén obligados a publicar sus presupuestos en internet "con un nivel de detalle que permita un amplio conocimiento de sus ingresos y fuentes". También se propone la obligación de presentar anualmente una auditoría externa.

Finalmente, se propone prohibir las donaciones "de empresas o entidades con ánimo de lucro", así como de entidades sin ánimo de lucro pero que hayan mantenido "relaciones comerciales" con las administraciones. El texto especifica que hay que "prohibir expresamente" las donaciones anónimas.

"Responsabilidades políticas" por no cumplir el programa

El texto también pide más exigencia en cuanto al cumplimiento de los programas electorales, que considera "contratos con la ciudadanía". "Su cumplimiento tendrá que estar sujeto a criterios periódicos de rendición de cuentas, y su incumplimiento estará sujeto a responsabilidades políticas".

Además de los ex ministros Sevilla y Piqué, impulsan la propuesta otras 500 personalidades, entre las que están los catedráticos Fernando Vallespín, Adela Cortina, Manuel Villoria y Daniel Innerarity, o el periodista José Antonio Zarzalejos.

Esta propuesta no es la única que pide reformar la ley de partidos. En primavera apareció un manifiesto similar, firmado por un centenar de profesionales y personalidades del mundo de la cultura encabezados por la abogada del Estado Elisa de la Nuez, los economistas César Molinas y Luis Garicano y el escritor Carles Casajuana.