El TSJC archiva la causa contra Ferran Falcó por su implicación en el 'caso Adigsa'

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la causa contra el diputado autonómico de CiU y concejal en Badalona (Barcelona), Ferran Falcó, que estaba imputado por una presunta trama de malversación de fondos públicos y cobro de comisiones durante la etapa en la que presidió Adigsa, la empresa de la Generalitat encargada de la gestión de las viviendas sociales.

Según ha recogido El Periódico, el auto del TSJC considera que no hay "ningún indicio probatorio" contra el político nacionalista, de quién concluye que no participó en el supuesto cobro de comisiones, ni era conocedor de la existencia de la supuesta trama.

Comisiones ilegales de hasta un 20%

El caso Adigsa se inició con una querella presentada por la fiscalía en diciembre de 2005, poco después de que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall (PSC), durante un pleno en el Parlamento autonómico, insinuara que CiU cobraba comisiones ilegales del 3% a cambio de la adjudicación de obras públicas.

La presunta trama en torno a Adigsa apunta a la adjudicación irregular a empresarios de obras para rehabilitar viviendas de segunda mano, a cambio de comisiones. La investigación de cuatro ex altos cargos de la empresa durante los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol, así como a constructores e intermediarios, fue reactivada por la fiscalía a principios de este año, que estimó el cobro de comisiones ilegales de hasta el 20% y una sobrevaloración de los precios de los pisos pagados por la Generalitat.

El TSJC ve "imposible presumir" que Falcó conocía los hechos

Falcó, que fue presidente de Adigsa entre 2002 y 2004, declaró ante el TSJC como imputado en mayo pasado. En su defensa alegó que el responsable de contratar al principal acusado de la trama, José María Penín, era el entonces consejero delegado, Josep Antoni Fontdevila, también imputado.

El auto señala que los trámites administrativos investigados finalizaban en Fontdevila, y afirma que el gran volumen de trabajo que tenía la empresa (unos 75.000 pisos de promoción pública y protección oficial) "conduce nuevamente a la imposibilidad de presumir" que el presidente de la compañía "habría de conocer, o en su caso, participar, en las irregularidades" detectadas.

Ahora, el caso Adigsa volverá de nuevo al juzgado de instrucción que inició la investigación para que decida qué debe hacer con el resto de encausados.