Detalle del informe de la Policía Nacional en el que figura el pago del PSC a Método 3 por la grabación de la conversación en La Camarga

Detalle del informe de la Policía Nacional en el que figura el pago del PSC a Método 3 por la grabación de la conversación en La Camarga

Política

El PSC habría pagado 1.750 euros por la grabación de la conversación de Sánchez-Camacho en La Camarga

Así figura en el informe policial enviado a la jueza instructora que investiga el posible caso de espionaje político. El PSC insiste en desmarcarse del encargo a Método 3.

4 septiembre, 2013 14:26

El PSC habría pagado 1.750 euros por la grabación de la conversación de 2010 entre Alicia Sánchez-Camacho y la ex pareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalidad. Esa es la conclusión a la que llega la Policía Nacional en su informe sobre la investigación judicial que está abierta.

Según informa la Cadena SER, los socialistas habrían pagado 1.750 euros a Método 3 por la grabación, pero no se ha podido determinar que fuera el PSC el responsable del encargo de grabar la conversación de las dos mujeres en el restaurante La Camarga de Barcelona.

El informe policial -enviado al juez instructor del caso- recoge correos electrónicos entre la agencia de detectives y miembros del partido ahora liderado por Pere Navarro y una relación de los trabajos que hizo Método 3 para el PSC, con conceptos explícitos sobre la grabación como: "preparación del dispositivo y colocación en el lugar de encuentro", "grabación y retirada del dispositivo" o "escucha y resumen de lo que se haya hablado durante la comida".

Reunión con Zaragoza

La radio del grupo Prisa ha señalado que el informe policial consta de 45 páginas y concluye que Elisenda Villena, una de las detectives de la agencia, se habría reunido con José Zaragoza, entonces secretario de Organización del PSC, y la gerente de este partido, Lluïsa Bruguer, imputada en el caso.

En el informe policial se apunta que, en base a los indicios existentes, la grabación habría sido un encargo de los socialistas a Método 3, pero la policía no ha podido corroborarlo por lo que concluye que también podría haber sido una acción llevada a cabo por la agencia de detectives y ofrecida, luego, al PSC.

Información del encuentro

El expediente 20.718 era inicialmente un encargo que Zaragoza hizo a Método 3 para la elaboración de un informe sobre la empresa GPO Ingeniería. Este expediente, con el mismo número, se vinculó posteriormente a la grabación de la conversación entre Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, y María Victoria Álvarez Martín.

Dentro de la carpeta aparecieron varios documentos. Entre estos, uno con fecha del 9 de julio de 2010, solo dos días después del encuentro entre las dos espiadas, que establece una relación de conceptos por los que el PSC habría pagado la cantidad citada. "Preparación dispositivo y colocación en lugar de encuentro", "grabación y retirada de dispositivo", "identificación posterior de la mujer, escucha y resumen de lo hablado en la comida" y "abono de esta" figuran en el dosier.

Otro de los documentos que figura en la carpeta es una placa con el número de la matrícula de la motocicleta particular de la ex pareja sentimental de Pujol Ferrusola y un correo electrónico con una enumeración titulada: "20718 PSC- Camacho".

El PSC se desmarca

Después de hacerse público el informe policial, desde el PSC se ha asegurado que los socialistas no encargaron la grabación. Los socialistas han recalcado que no tienen nada que ver con la grabación y han pedido a la justicia la máxima celeridad en este caso, según informa Europa Press.

La líder del PP catalán cerró a principios de julio un acuerdo con Método 3 por el que esta empresa la indemnizaría con 80.000 euros. Pese a este acuerdo, la jueza instructora, Elisabet Castelló, ha decidido continuar con la investigación, y a mediados de julio imputó a Bruguer.

El pasado mes de febrero, Zaragoza negó cualquier relación del PSC con el espionaje político, en general, y con el que afecta a Sánchez-Camacho, en particular. El diputado siempre ha negado su implicación y ha declarado que hablaría con sus abogados para "defender su honor".