Los derechos fundamentales no son negociables. Y la ONU reivindica el derecho a la educación en la lengua materna como uno de los más relevantes para los niños.
En España, esta formulación se ha materializado en la jurisprudencia consolidada por parte de los tribunales --desde el Constitucional a los Superiores de las CCAA, pasando por el Supremo-- que han establecido que los niños tienen derecho a recibir una parte razonable de la educación en cualquiera de las lenguas oficiales en cada territorio. En concreto, al menos un 25%. Y ha dejado claro que no existe el derecho a recibir toda la educación en una sola lengua en los lugares con más de una lengua oficial.
En realidad, el debate sobre la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán no tiene más recorrido. La inmersión es ilegal y debe desmantelarse de inmediato. Sin embargo, el acoso recibido por la familia que ha reclamado una educación bilingüe para el niño de 5 años en un colegio de Canet de Mar, con el aval implícito del Govern, ha recuperado algunos comportamientos que rezuman actitudes preocupantes.
El posicionamiento más grave es el del propio ejecutivo autonómico, a través de su portavoz, Patrícia Plaja, quien ha recuperado el argumento de que “es una vulneración flagrante del derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto”. Es el mismo razonamiento que TV3 se encargó de difundir en un documental que emitió en el programa 30 minuts en septiembre de 2013, con el título Si un solo alumno lo pide y que ha reiterado el nacionalismo lingüístico durante años.
Miente el Govern cuando dice que se vulnera el derecho de la mayoría de las familias que se oponen a reintroducir un 25% de castellano en el horario lectivo de sus hijos porque, insisto, los tribunales han dejado muy claro que no existe un derecho a recibir el 100% de la educación en una sola de las lenguas oficiales en los territorios con más de una. No existe ese derecho a recibir toda la educación en una sola lengua. Pero sí a recibir una parte –al menos el 25%-- en cada una de ellas. Y, si el modelo elegido voluntariamente por la Generalitat es el de una sola línea escolar, la única solución es el sistema de conjunción lingüística, en la que todos los alumnos –todos– reciben la educación en ambas lenguas oficiales.
Apelar a la voluntad de la mayoría de las familias de un colegio o de un territorio para impedir a un niño ejercer uno de sus derechos fundamentales por motivos étnicos (como es la cuestión lingüística) evoca algunas conductas racistas.
A Ruby Bridges, en 1960, con solo 6 años –casi la misma edad que el pequeño de Canet–, le hicieron la vida imposible por ir a un colegio de blancos en Nueva Orleans (Luisiana, EEUU) pese a ser negra. Y en 1963, el gobernador de Alabama George Wallace trató de impedir la entrada de dos estudiantes a la universidad pública por ser negros.
Los segregacionistas blancos del sur clamaban entonces: ¿Si un solo negro lo pide, debemos permitir que entren en nuestras escuelas y universidades en contra de la voluntad de la mayoría, en contra de nuestro derecho a no mezclarnos con ellos?
Sí, por su puesto. Si un solo negro lo pedía, tenía derecho a ir a las mismas escuelas y universidades que los blancos. Como si un solo alumno lo pide, tiene derecho a que el español sea lengua vehicular junto al catalán en, al menos, un 25%. De hecho, ya no debería hacer falta ni que lo pida porque el modelo bilingüe debe aplicarse en todo el sistema de oficio.
Ante una situación similar, solo caben dos opciones: o se apuesta por garantizar los derechos fundamentales cueste lo que cueste (los presidentes Johnson y Kennedy protegieron a los estudiantes con agentes federales y de la guardia nacional durante el tiempo que hizo falta y pese a las protestas de los ultras), o se mira para otro lado y se aceptan propuestas segregacionistas y supremacistas como la de la alcaldesa Colau, que invita a los niños que exigen el bilingüismo avalado por los tribunales a que se vayan a un colegio privado.