Corría la primavera de 2006. La Guardia Civil se estaba retirando de manera progresiva de Cataluña porque el despliegue progresivo de los Mossos de Esquadra en algunas zonas de la autonomía se completaba. Uno de los últimos lugares donde tuvo lugar la sustitución de una fuerza de seguridad por otra fue en las comarcas de Tarragona, sobre todo en las situadas al sur de la provincia.
Mientras se cerraban casas cuartel, la Generalitat no acababa de desplegar sus propios efectivos. Montserrat Tura era la consejera de Interior del gobierno tripartito de la Generalitat que presidía Pasqual Maragall. Los cacos advirtieron que estas cosas sucedían, o sencillamente se sintieron más libres, y se dispararon los robos y atracos a masías y domicilios particulares en aquellas zonas. Una auténtica plaga.
La alarma social se disparó. Tura cometió la estupidez de decir que sí, que faltaban agentes, pero que los afectados debían aumentar sus medidas de seguridad pasiva. Le llovieron chuzos de punta ante tamaño despropósito. Fue reprendida desde la sociedad civil de la zona y hasta por la oposición, que entonces lideraba CiU.
Los problemas del orden público son recurrentes y guardan mucha relación con el planteamiento de cada gobierno para hacerles frente. Lo sabía muy bien el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue quien al final resolvió aquel problema del que durante un tiempo dejó de hablarse. La solución del fallecido socialista no fue ningún descubrimiento especial: envío a las comarcas de Tarragona y Barcelona a entre medio y un millar más de agentes de la Benemérita para encargarse del asunto. Y se resolvió. Josep Maldonado, entonces senador de CiU en Madrid, fue su interlocutor y llegó a agradecer el compromiso del responsable de la seguridad del país.
Quizá para la alcaldesa de Barcelona, para los actuales regentes del ejecutivo autonómico y para todos los progres de salón que les tocan las palmas una figura como la de Rubalcaba les pareciera retrógrada y nada progresista. Si el sucedáneo del PSC en Barcelona para la seguridad es un tibio Albert Batlle, seguro que lo del exministro les pueda parecer propio de dictaduras totalitarias.
Les parece más moderno en lo políticamente correcto el discursito sobre el origen del problema, en vez de atajarlo. Y sí, es cierto que debe escrutarse la raíz del conflicto, pero igual de verdadero que esto otro: el cumplimiento de la legalidad democrática nos hace más libres. Es una lástima que toda esta hornada de dirigentes de nuevo cuño populista tenga tantas prevenciones con respecto al orden público. Bien parece un complejo no superado de sus respectivas etapas de rebeldes sin causa.
Pero es cierto que la inseguridad que se está fraguando en la ciudad no sólo es un problema para las víctimas y los afectados, sino que acabará contaminando el buen nombre de Barcelona en su reputación mundial. Y eso generará más pobreza a medio y largo plazo. No es necesario que ninguno de ellos descubra la sopa de ajo, se molesten cuando se les sugiere mayor cooperación entre cuerpos de policía (¡cuánto daño han causado las repetidas imágenes del 1-O en el marco mental nacionalista!) o se atrinchere en soliloquios improductivos. Recuperar un poco del espíritu Rubalcaba sería suficiente: diálogo, mano abierta, pero inflexible y eficaz con las soluciones.