Ante la evidencia de lo ocurrido este pasado fin de semana, es innegable que Francia atraviesa una situación especialmente delicada. Lo que comenzó como una oleada de protestas contra el encarecimiento de la vida ha derivado, en algunas ciudades, en auténticas batallas campales.

De nuevo, porque no es la primera vez, se han registrado saqueos, incendios, ataques a edificios públicos y agresiones contra las fuerzas de seguridad, que han llevado al Gobierno francés a recurrir a medidas extraordinarias, entre ellas los toques de queda parciales —que, aunque no creo que sean la solución, ya han sido anunciados—.

Y es precisamente en este escenario donde encontramos una de las mayores injusticias. Y es que Pierre Jean —nombre ficticio con el que podríamos identificar a cualquier trabajador francés que regenta un pequeño negocio en Limoges— no tiene la culpa de nada.

Y, aun así, no solo tiene el negocio destrozado, sino que, además, tendrá que apresurarse para regresar a casa antes de que entre en vigor el toque de queda. No vaya a ser que le pille comprando el pan en cualquier boulangerie.

Aunque, bien pensado, los propietarios de la boulangerie, si todavía la tienen en pie, también tendrán que bajar la persiana.

Pero más allá de las imágenes de violencia salvaje que ocupan las portadas de los periódicos de todo el planeta, sí que hay miles de ciudadanos que han salido pacíficamente a las calles para reivindicar unas condiciones de vida mejores. Pero, como otras tantas veces, su mensaje ha terminado completamente eclipsado.

Lo curioso es que, en ocasiones, ni siquiera los propios manifestantes pacíficos parecen advertir que quienes acuden encapuchados les están arrebatando el discurso.

Algunos llegan incluso a justificar sus actuaciones sin percatarse de que sus reivindicaciones han quedado relegadas a un segundo plano por quienes parecen entender las manifestaciones como una oportunidad para delinquir.

Porque me cuesta horrores creer que quien prende fuego a un edificio público histórico, saquea un comercio local o lanza adoquines contra un policía esté pensando realmente en mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Eso tiene otro nombre: violencia gratuita.

A ello se suma la posible instrumentalización de jóvenes vulnerables —y de otros con muchas ganas de jaleo— para que hagan el trabajo sucio de determinados grupos anarquistas y antisistema, más interesados en agitar las calles que en asumir personalmente las consecuencias.

Algo que ya vimos en las manifestaciones de 2021 en Barcelona tras la detención de Pablo Hásel, cuando grupos radicales alentaron una escalada de violencia que acabó con numerosos destrozos y saqueos en el centro de la ciudad.

¿El resultado? Paseo de Gracia destrozado y saqueado. (Spoiler: destrozar la Tommy Hilfiger no hizo que Pablo Hásel saliera en libertad).

Entonces, llegados a este punto, lo que muchos se preguntan estos días es: ¿estamos preparados en España si llegan disturbios como los de Francia?

Por supuesto, nadie desea llegar a semejante escenario, pero llegado el momento, la respuesta es afirmativa: sí que estamos policialmente preparados, aunque con matices.

Una cosa es la preparación de nuestros agentes y otra muy distinta los medios de los que disponen. Y es que, aunque algunos sectores políticos parezcan ignorarlo, la actuación policial en España está sometida a un estricto marco normativo y a mecanismos de control.

Además, no contamos exactamente con las mismas herramientas ni con la misma doctrina operativa que otros países europeos para responder ante episodios de violencia extrema.

Las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional, la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra o las unidades especializadas de la Ertzaintza disponen de formación, experiencia y capacidad operativa.

Lo hemos visto durante el procés, en Ceuta o en los disturbios de Ferraz. Episodios que demostraron hasta qué punto puede tensionarse el orden público y las dificultades que entraña contener a grupos violentos en entornos urbanos.

Ahora bien, no debemos confundir la preparación de nuestros policías con las herramientas que se les permite utilizar. El modelo francés dispone de determinados medios antidisturbios más contundentes y de un repertorio de intervención distinto al español.

Y, aun así, Francia ha demostrado que incluso un Estado con cuerpos policiales experimentados y medios de intervención importantes puede verse desbordado.