El 13 de octubre, en Espejo Público, Susanna Griso preguntó a Montse Mínguez por los pisos de su pareja. La portavoz del PSOE respondió con una frase que habría firmado cualquier asociación de propietarios: “Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia”. Tres días después dimitía de todo. Su jefe de filas, Pedro Sánchez, contó desde Bruselas que estaba “rota”. De cómo están los inquilinos de Lleida que no pudieron pagar, nada se sabe.

Conviene mirar la letra pequeña. Sergi Vélez dirige Nest Capital, un grupo leridano cuya sociedad de alquiler gestiona al menos 30 viviendas. Sus inversiones inmobiliarias rondan los 6,2 millones de euros y las rentas, los 471.000 euros al año. Tiene además dos sociedades en Panamá, ese país donde las empresas familiares van a tomar el aire. Mínguez, que declara tres viviendas a su nombre, lo definió como “una empresa familiar que lo hace bien”. Acabó admitiendo que su pareja es un gran tenedor. Los fondos buitre, por lo visto, también tienen padre y madre.

Nada de eso es ilegal, y ella lo repitió varias veces: paga impuestos y cumple la ley catalana de vivienda. Cuando el foco estaba sobre Urbagestión, la pyme propietaria del piso de Maricarmen, la ministra Isabel Rodríguez la llamó “muy buitre y muy carroñera”. A aquella mercantil cumplir la ley no le sirvió de nada. La propia Mínguez había planteado el debate como una elección entre fondos buitre y familias. Cuando el buitre resultó dormir en casa, la vara de medir cambió de mano y pasó a llamarse familia.

Lo de Ada Colau tiene más oficio. La exalcaldesa ha hecho de la condición de víctima una carrera completa. En diciembre de 2023, cuando una jueza archivó la querella del fondo Vauras, Colau sumó 15 causas archivadas y concluyó que el lawfare le había costado la alcaldía. En aquel auto la jueza le dio la razón, y hay que decirlo. Pero de ahí a explicar con togas su tercer puesto en las municipales de ese año hay un salto que ningún tribunal avaló. Los votantes de Jaume Collboni y de Xavier Trias, al parecer, eran lobbies.

En esta casa conocemos la otra cara de esa guerra judicial. Mientras Colau denunciaba que los poderosos usaban los juzgados para desgastarla, el Ayuntamiento que presidía llevó una y otra vez a los tribunales a Crónica Global y a Metrópoli Abierta con los servicios jurídicos municipales. Con abogados pagados por todos los barceloneses. Este diario lo contó durante años. Ninguno de aquellos pleitos prosperó. La guerra judicial, vista desde la alcaldía, se llamaba defensa institucional. Vista desde el banquillo, persecución. Es la misma toga, solo cambia el lado de la mesa.

El 29 de septiembre, en Cafè d'Idees (La2Cat), Colau estrenó nuevo verdugo: el mercado. Contó con los ojos húmedos que había dejado el piso donde vivió 15 años porque ya no podía pagarlo. Que desde el divorcio le costaba llegar a fin de mes. Que ahora compartía casa con un familiar. El relato corrió por las redes, esa residencia social en la que tan cómoda vive, y la llevó en volandas a la candidatura del Frente Amplio para el 29 de noviembre.

Este diario publica hoy cómo pasó el verano la desahuciada. El fin de semana del 8 de agosto, cuando todavía vivía en el piso que no podía pagar, durmió con su pareja en el Hostal Empúries de L'Escala. Primera línea de mar, cuatro estrellas, tarifas que en temporada alta rara vez bajan de 300 euros la noche. Cenó en el restaurante del hotel sin mirar la columna de la derecha de la carta. Comió en El Motel de Figueres, donde antes se sentaron Juan Carlos I y Margaret Thatcher. Del Bloc Llavors, el edificio del Poble-sec cuyos desahucios combatió, al Portitxol hay un rato de autopista. Ideológicamente, bastante más.

Hay una objeción seria: una noche de hotel no desmiente unas dificultades económicas, y nadie tiene que vivir como un cartujo para defender a los inquilinos. Engels trabajó en la fábrica de su familia en Manchester y escribió como nadie sobre la clase obrera inglesa.

Y aquí está el nudo del asunto. Colau convirtió su vida privada en argumento de campaña. Fue ella quien sentó en un plató el alquiler, el divorcio y el fin de mes. Cuando una candidata pide el voto con su biografía, toda ella queda sometida a examen, incluida la noche en L'Escala. Lo que se le reprocha no es la cena, es haber presentado la penuria como credencial.

El moralista francés La Rochefoucauld dejó escrito que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Nadie esconde lo que no le avergüenza. Si Mínguez rebautiza a un gran tenedor como empresa familiar y Colau guarda el cuatro estrellas detrás del relato del desahucio, es porque las dos saben lo que piensan sus votantes de los rentistas y de los hoteles en primera línea de mar. El homenaje está. La virtud se quedó en Lleida, o en la habitación con vistas.

Colau cobraba unos 100.000 euros como alcaldesa. Perdió la vara en 2023 y, según su versión, los ingresos bajaron y los gastos no. Sería injusto decir que vuelve por la nómina. Sería ingenuo no ver que la nómina política regresa con ella. Barcelona, que gobernó ocho años con la vivienda por bandera, no salió de esa etapa con alquileres más baratos. La alcaldesa, al menos, sí sabe ahora lo que cuesta un piso en la ciudad que dejó.

Sánchez atribuyó la dimisión de Mínguez al odio y la violencia contra los políticos y sus familias. Es la versión socialista del lawfare: cuando falla la coherencia, la culpa es del que pregunta. El Sindicato de Inquilinas, poco sospechoso de trabajar para Génova, llamó al PSOE partido de rentistas y le dirigió su huelga. En el Frente Amplio, Rufián se apartó, Podemos solo firmó en tres comunidades y la candidatura descansa en una única cosa: la credibilidad de alguien que dice saber lo que es no llegar a fin de mes.

En Madrid, Colau se presentó como una “mujer imperfecta” y con “contradicciones”. Lo dijo antes de que nadie preguntara. Es la ventaja de la víctima profesional: siempre llega primero.

Mínguez dijo que al inquilino que no paga se le desahucia. Al político que no cuadra, también.