Treinta agentes de los Mossos d'Esquadra heridos y trece detenidos, entre ellos una menor de edad. Este es el balance de los disturbios que el pasado lunes, 5 de octubre, convirtieron el centro de la capital catalana en un auténtico campo de batalla contra la policía.
Lo que debía ser una jornada de reivindicación por el derecho a la vivienda terminó con decenas de agentes lesionados, contenedores incendiados y una batalla campal que poco o nada tenía que ver con las dificultades de miles de ciudadanos para acceder a un alquiler asequible.
Conviene recordar que la manifestación, que reunió a miles de personas en el centro de Barcelona, transcurrió de forma pacífica. Fue una vez desconvocada cuando la situación dio un giro radical.
Una multitud de entre 500 y 800 personas, según las estimaciones de fuentes policiales, comenzó a protagonizar disturbios y a enfrentarse a los efectivos desplegados para garantizar la seguridad.
Y aquí hay un primer elemento que merece especial atención: la dimensión de los grupos violentos. Barcelona no es ajena a que determinadas manifestaciones terminen de forma violenta. Pero lo ocurrido el pasado lunes superó las previsiones habituales.
No es una apreciación personal. Son las propias fuentes policiales las que reconocen, con preocupación, que el volumen de jóvenes implicados en los altercados fue extraordinario.
Las obras que se ejecutan en algunas calles colindantes al Paseo de Gracia se convirtieron en un improvisado arsenal. Adoquines, piedras, vallas y cualquier objeto que estuviera al alcance de los alborotadores sirvieron para atacar a los agentes, pero también a periodistas que trataban de documentar lo que estaba sucediendo.
Las imágenes hablan por sí solas. Efectivos de orden público de los Mossos d'Esquadra obligados a retroceder, a buscar refugio y a reorganizar sus posiciones ante una lluvia de objetos contundentes. Policías que, lejos de poder contener inmediatamente la situación, tuvieron que replegarse para evitar males mayores.
Lanzamientos de piedras tras la marcha por la vivienda en Barcelona
Treinta agentes heridos. Treinta. Aunque todos se encuentran fuera de peligro, la cifra debería ser suficiente para abrir una reflexión sobre la violencia que algunos parecen haber normalizado cuando el uniforme que tienen enfrente es el de un policía.
Los mismos agentes que durante horas velaron para que miles de personas pudieran ejercer su derecho fundamental a manifestarse acabaron convertidos en el blanco de quienes decidieron que la mejor manera de terminar la jornada era enfrentarse a ellos.
Y no, atacar a un policía no hará que mañana se construyan más viviendas. Tampoco reducirá los precios del alquiler, aumentará la oferta disponible ni permitirá que los jóvenes puedan emanciparse antes de los treinta años.
Lo que sí consigue es desplazar el foco informativo. Una movilización multitudinaria, convocada para denunciar una situación que afecta a miles de familias, termina eclipsada por los disturbios de quienes aprovecharon la ocasión para sembrar el caos.
Los protagonistas dejan de ser los ciudadanos que reclaman soluciones y pasan a ser los encapuchados que lanzan adoquines contra la policía.
Y sería profundamente injusto atribuir esa violencia al conjunto de los manifestantes. Quienes salieron pacíficamente a la calle no tienen por qué responder por las actuaciones de quienes decidieron utilizar aquella convocatoria como escenario de sus enfrentamientos.
Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado.
La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Una de las principales incógnitas es determinar si detrás de aquella movilización violenta existía algún tipo de coordinación previa y quién pudo impulsarla.
Lo que sí llama la atención es que algunos de los participantes ya acudieran a la manifestación con pasamontañas escondidos en sus mochilas. Una circunstancia que, por sí sola, no permite atribuir responsabilidades penales, pero que invita a preguntarse hasta qué punto determinados individuos acudieron a aquella convocatoria con la intención de participar en una protesta pacífica.
Pero hay otra cuestión que no deberíamos perder de vista. Cataluña afronta nuevas convocatorias de movilización social en las próximas semanas, incluida la huelga por la vivienda anunciada para el 11 de noviembre, en plena cuenta atrás electoral. Veremos a ver qué pasa...
