Xavier Salvador con una foto de Pedro Sánchez en la sede del PSOE de fondo EFE
¡Vaya mierda de país!
"La legislatura ha muerto por la vivienda y ningún partido llega a la campaña con un plan para resolver el problema; nos esperan siete semanas de luces cortas, con los sindicatos en modo electoral y los platós convertidos en ring"
El 2 de octubre el Congreso tumbó los decretos de vivienda del Gobierno. El primero, que impedía desahuciar a familias vulnerables, cayó con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. El segundo, la renovación automática de los alquileres, sumó también el rechazo de PNV y Coalición Canaria. El pasado día 5, Pedro Sánchez disolvió las Cortes. Votaremos el 29 de noviembre.
Es decir: una legislatura entera se hunde por el problema que más angustia a los españoles. Y ninguno de los que la han hundido tiene para ese problema una respuesta que vaya más allá del decreto propio o del veto al ajeno.
Quedan siete semanas y se nos van a hacer eternas.
Conviene poner encima de la mesa lo que está en juego, porque en los mítines no va a aparecer. El Banco de España calcula que faltan unas 600.000 viviendas. La fecundidad ronda 1,1 hijos por mujer, una de las más bajas de Europa, y de esa cifra dependen las pensiones y la escuela de dentro de veinte años.
El sistema de financiación autonómica tenía que revisarse en 2014 y sigue vigente, caducado, mientras cada Gobierno lo parchea según quien le preste los votos. España acumula ocho leyes educativas en democracia, casi una por cada cambio de mayoría. La atención primaria se queda sin médicos, y los que quedan están en pie de guerra contra el Estatuto Marco.
Ninguno de estos asuntos se resuelve en una legislatura. Todos empeoran en cada una.
Y aquí radica el nudo del asunto. La izquierda ha convertido el problema de acceso a la vivienda en un relato de caseros buenos y caseros malos, con topes y prórrogas que reparten la escasez sin reducirla. Enfrente, la derecha habla de okupas y de seguridad jurídica, y promete suelo sin poner nunca cifras ni plazos. Las dos tienen parte de razón y las dos lo saben.
Ni unos ni otros lo admitirán antes del 29 de noviembre, porque reconocer la mitad del diagnóstico del adversario se paga en las urnas. Con la sanidad pasa lo mismo: es ya un ranking de listas de espera autonómicas que cada partido lee según el color del consejero. Y con el territorio, donde la financiación singular de Cataluña es pacto de Estado o traición a la patria según quien la firme.
Max Weber escribió en 1919 que la política consiste en perforar lenta y tenazmente tablas duras, con pasión y mesura a la vez. Nuestros partidos han invertido la fórmula. Mucha pasión, ninguna mesura, y cambio de tabla cada vez que cambia el líder.
La objeción tiene respuesta, y no es mala. Nadie gana unas elecciones prometiendo resultados para 2050. El votante juzga a cuatro años y castiga las reformas cuyo coste paga hoy y cuyo beneficio cobrará otro.
Pero la historia desmiente la excusa. Los Pactos de la Moncloa se firmaron en 1977, con la inflación por encima del 26%. El Pacto de Toledo sobre pensiones nació en 1995 y sobrevivió, con remiendos, a Gobiernos de todos los colores. Resultó posible incluso con partidos más débiles que los de ahora.
En mayo de 2021 el Gobierno socialista presentó España 2050, más de seiscientas páginas de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia con nueve desafíos y cincuenta objetivos. Moncloa lo usó para una foto y lo metió en un cajón. La oposición lo despachó como propaganda sin leerlo. Hoy nadie lo cita. Adiós a los pactos de Estado justo cuando más falta hacen. Adiós a cualquier atisbo de consenso sobre vivienda, pensiones, escuela o financiación.
La polarización rinde, y mucho. Cada bloque moviliza más con el miedo al otro que con un proyecto propio. El PSOE necesita al PP abrazado a Vox para llenar sus mítines. Al PP le basta con enseñar al PSOE del brazo de Junts y Bildu.
Los sindicatos han decidido no quedarse fuera del reparto. CCOO y UGT acordaron el 5 de octubre una huelga general de 24 horas por la vivienda, que han convocado para el 11 de noviembre. Sería la primera contra un Gobierno de Sánchez, que no la sufrió ni con la inflación desbocada tras la invasión de Ucrania. Por mucho que el comunicado lo disimule, la protesta tiene un destinatario, y no está en Moncloa.
La última gran huelga general por motivos laborales fue en noviembre de 2012, con Rajoy en la presidencia. El comunicado apunta a las administraciones y a la patronal. El calendario apunta a otra parte. Un paro general convocado en vísperas de las urnas, nacido de la derrota de unos decretos del Gobierno, se lee como una huelga contra quienes los tumbaron. Las propias fuentes sindicales se preguntaban hace diez días contra quién iría. Ya lo saben. El problema de la vivienda es real. Gastar el arma más seria del sindicalismo en una campaña la devalúa para cuando haga falta de verdad.
Las tertulias harán el resto. Habrá siete semanas de platós con un tertuliano de guardia por bloque, que llega con el argumentario del partido escrito en el móvil y se marcha sin haber dicho cuánto cuesta levantar una vivienda protegida ni cuántos médicos de familia se jubilan esta década. El formato de difusión social en el que vivimos inmersos premia el corte de quince segundos que circula por las redes. La cifra que obliga a pensar no cabe en él. Se puede pasar una tarde entera delante del televisor sin escuchar una sola propuesta con sentido común. Hagan la prueba.
La factura la paga el inquilino de 35 años que sigue compartiendo piso. Y también el paciente que espera una resonancia desde la primavera.
Durante siete semanas oiremos en mítines y platós que España se rompe, que España se hunde (e incluso que España va bien a pesar de la vivienda). Muchos votantes resumirán la campaña en la barra del bar con una sola frase: vaya mierda de país.
Se equivocan de sujeto. El país aguanta, incluso con 600.000 viviendas que faltan y con niños que no nacen. La que no aprueba un examen a treinta años es su política.
