Que no nos engañen. La convocatoria anticipada de elecciones no responde a una reflexión sobre la responsabilidad política que debe asumir un Gobierno después de meses de desgaste, escándalos y derrotas parlamentarias.
Responde a una estrategia cuidadosamente calculada para recuperar la iniciativa, sacar adelante parte de una agenda que el Congreso acaba de rechazar y acudir a las urnas en el momento que Pedro Sánchez considera más favorable para sus intereses.
Los dos días de reflexión anunciados después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda han servido, sobre todo, para hacer números. Números parlamentarios, números electorales y números sobre el calendario. Porque en política, y especialmente cuando se acercan unas elecciones, pocas decisiones de este calibre son inocentes.
La primera consecuencia de la jugada se verá inmediatamente. Con la disolución de las Cortes, la Diputación Permanente asumirá determinadas funciones del Congreso, entre ellas la convalidación de reales decretos-leyes. Y allí la nueva aritmética es distinta.
El Gobierno pretende aprobar de nuevo este martes medidas de vivienda similares a las rechazadas el viernes para someterlas después a este órgano. En el caso del llamado 'decreto Maricarmen', el Ejecutivo puede reunir los apoyos suficientes sin depender de Junts, uno de los partidos que hizo caer la norma hace apenas tres días.
Es perfectamente legal. También es perfectamente legítimo analizar su evidente rentabilidad política.
Porque Sánchez no ha convocado elecciones limitándose a reconocer que ha perdido la capacidad de articular una mayoría estable.
En su declaración institucional ha planteado a los españoles una disyuntiva entre continuar con su proyecto o sumarse a la "ola ultraderechista". La campaña, por tanto, ya tiene marco: derechos sociales frente al retroceso; gobierno progresista frente a la derecha y a la extrema derecha.
Y pocas cuestiones permiten construir hoy ese relato con tanta fuerza como la vivienda.
El desahucio de Mari Carmen Abascal, de 87 años, ha provocado una movilización social que ha situado nuevamente la emergencia habitacional en el centro del debate político. Después llegaron los decretos, su derrota parlamentaria, las protestas y, ahora, las elecciones.
Pero conviene no confundir la urgencia de las medidas con la antigüedad del problema.
La crisis de acceso a la vivienda no nació con el desahucio de Mari Carmen. Tampoco hace una semana. Tras más de ocho años de gobiernos presididos por Pedro Sánchez, España llega a esta campaña con un problema habitacional enquistado que obliga ahora a adoptar medidas extraordinarias cuando miles de familias llevan años sufriendo precios disparados, falta de oferta y enormes dificultades para acceder a una vivienda.
Mari Carmen merece soluciones. También las merecen quienes llevan años esperando una política de vivienda capaz de anticiparse a las emergencias en lugar de legislar cuando estas ya han estallado. Convertir ahora su caso en uno de los grandes símbolos políticos de la precampaña obliga, como mínimo, a preguntarse por qué ha sido necesario llegar hasta aquí.
Y todavía queda otra pieza del tablero: el calendario.
Las generales serán el 29 de noviembre, mientras que las municipales están fijadas para el 23 de mayo de 2027. Sánchez evita así llegar a las generales después de que miles de municipios hayan pasado previamente por las urnas. Serán las generales las que marquen primero el clima político y no unos resultados municipales los que condicionen previamente la batalla por la Moncloa.
Y Sánchez llegará a esa batalla intentando imponer, además, un nuevo punto de partida. Confiando en que las semanas que quedan por delante permitan relegar los escándalos judiciales que han golpeado al PSOE y a su entorno más cercano, las derrotas parlamentarias o la gestión de Ceuta.
Que todo aquello que hasta hace apenas unos días alimentaba el desgaste del Gobierno quede sepultado bajo una nueva fotografía: la de Mari Carmen y la emergencia de la vivienda.