El furgón de la Guardia Urbana que empezó a arder en un montaje en el que aparece la subdirectora de sociedad de Crónica Global, Míriam de Saint-Germain
Aquello nunca fue por Pablo Hasél
"Cinco años después sigo sin entender qué relación había entre pedir la libertad de Pablo Hasél y llevarse unas zapatillas de un escaparate del paseo de Gràcia o intentar causar la muerte de un policía"
Los que estuvimos la tarde del 27 de febrero de 2021 en la Rambla de Barcelona todavía recordamos el estruendo. Y lo que vino inmediatamente después: un furgón de la Guardia Urbana comenzó a arder frente a la comisaría mientras, dentro, todavía había un agente.
Empecemos esta historia por el final: el policía consiguió salir y no sufrió heridas. Si los milagros existen, aquella noche ocurrió uno.
Y es que resulta difícil observar aquellas imágenes más de cinco años después y no hacerse LA pregunta: ¿qué habría pasado si el agente hubiera tardado unos segundos más en darse cuenta de que el vehículo en el que se encontraba estaba ardiendo?
La Fiscalía de Barcelona pide ahora 25 años y cinco meses de prisión para cada uno de los nueve acusados. Siete son italianos, una francesa y otra catalana.
El Ministerio Público les atribuye delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, manifestación ilegal y pertenencia a grupo criminal.
Será la justicia, naturalmente, la que determine ahora qué hizo exactamente cada uno de ellos y cuál debe ser su responsabilidad penal. Pero hay algo que no necesita esperar a una sentencia: aquellos hechos fueron la confirmación de que Barcelona había cruzado una línea roja.
Las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél se habían sucedido durante más de una semana y habían dejado imágenes que todavía forman parte de la memoria reciente de la ciudad. Escaparates reventados, comercios saqueados, entidades bancarias atacadas, barricadas y contenedores incendiados.
También vimos cómo una protesta que supuestamente reclamaba la libertad de un rapero terminaba convertida, noche tras noche, en algo difícilmente reconocible como una reivindicación política. Cinco años después sigo sin entender qué relación había entre pedir la libertad de Pablo Hasél y llevarse unas zapatillas de un escaparate del paseo de Gràcia o intentar causar la muerte de un policía.
Porque durante aquellos disturbios se produjo, además, una escena bastante reveladora. Unos rompían escaparates y continuaban avanzando con la protesta; y detrás aparecían otros grupos que aprovechaban el camino abierto para vaciar las tiendas. No quedaron ni zapatillas ni ropa y, en algunos establecimientos, prácticamente ni los maniquíes.
Aquello tenía poco de revolución y bastante de saqueo. Pero el 27 de febrero ocurrió algo todavía más grave.
Según sostiene ahora la Fiscalía, parte de quienes participaron aquella noche no aparecieron allí espontáneamente.
Los acusados habrían acudido preparados con pintura, líquidos inflamables, acelerantes de combustión, pastillas para quemar, espráis, mazas y martillos. También se habrían organizado previamente, repartido funciones y ocultado su identidad con ropa oscura, capuchas, gorros y pasamontañas.
Cuesta defender que alguien que acude a una protesta cargado con acelerante, mazas y material incendiario tenga como única intención expresar pacíficamente su descontento.
Aquella noche, como en las anteriores, atacaron oficinas bancarias, quemaron contenedores y lanzaron objetos contra las líneas policiales. Los periodistas que cubríamos los disturbios tampoco éramos especialmente bien recibidos.
Barcelona parecía haber asumido un inquietante catálogo básico por el cual cualquier protesta terminaba en disturbios: cristales rotos, terrazas destrozadas, contenedores ardiendo, pintura en las fachadas, piedras contra la policía y comercios cerrando apresuradamente sus persianas.
Pero incluso todo aquello pareció no bastarles a los ahora acusados.
Frente a la comisaría de la Guardia Urbana de la Rambla se dio un paso más. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, comenzaron a lanzarse piedras, adoquines, botellas, pintura, bengalas y artefactos incendiarios contra los agentes y los vehículos policiales. Las llamas alcanzaron finalmente uno de los furgones.
Cinco años después podemos discutir sobre las protestas, sobre Pablo Hasél, sobre los límites de la libertad de expresión e incluso sobre la respuesta policial de aquellos días. Todo eso forma parte de un debate legítimo.
Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que destruir una ciudad o poner en riesgo la vida de quien lleva un uniforme pueda presentarse como una extensión natural de ese debate.
Manifestarse es un derecho. Protestar también. Incluso hacerlo contra el sistema, contra la policía o contra una sentencia judicial.
Intentar prender fuego a un vehículo con una persona dentro es otra cosa y Pablo Hasél solo fue la excusa.
