El 1 de julio de 1968, el Ministerio de Hacienda aprobó los estatutos que todavía rigen el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Cincuenta y ocho años, dos Estatuts y una Constitución después, siguen ahí, con parches. Los va a cambiar, por fin, un pacto entre Salvador Illa y Oriol Junqueras firmado para desencallar unos presupuestos, los catalanes. El Estado deja de tener la mayoría. Hasta aquí, bien. El problema es quién se queda lo que el Estado suelta.

Las cifras del acuerdo son estas: 45% para la Administración General del Estado, 40% para la Generalitat y 15% para el Ayuntamiento de Barcelona. La ciudad que pidió el Consorci en 1916, que lo preside desde el primer día y que aporta el suelo, el planeamiento y los vecinos, queda como socio de cortesía.

La institución que no existía en 1916 (la Generalitat moderna nace en 1931) y que entró en el plenario hace cinco años con dos vocales pasa a mandar en el bloque catalán.

Conviene mirar la letra pequeña de la gobernanza actual, porque desmonta el relato oficial. El plenario lo preside el alcalde de Barcelona. Lo integran siete concejales, cuatro vocales del Estado, dos de la Generalitat, dos de la Cámara, uno de Foment, uno de Pimec, los sindicatos, el Port, Renfe y Aduanas.

Se vota por cabezas. El Ayuntamiento es, con diferencia, el bloque más numeroso. El poder real del Estado no está en los votos, sino en el delegado especial, hoy Pere Navarro, que ejerce la dirección ejecutiva, ordena los pagos y preside el comité ejecutivo. Y en que cualquier retoque estatutario pasa por Hacienda.

Es decir: el Consorci ya era, sobre el papel, un organismo de mayoría municipal con un gerente estatal. El pacto Illa-Junqueras no lo “catalaniza”. Cambia una anomalía por otra. Antes, el Estado mandaba por la puerta de atrás con cuatro vocales.

Ahora la Generalitat mandará por la puerta principal con el 40%, y el consistorio, que tenía siete asientos y la presidencia, se conforma con un 15%. Si el porcentaje acaba trasladándose a los votos, Barcelona sale del acuerdo con menos peso del que tenía. A eso no se le puede llamar descentralizar. Es recentralizar, solo que a escala catalana.

El Govern justifica la operación en la voluntad de “recuperar la vocación originaria” del Consorci. El argumento se vuelve contra quien lo esgrime. La vocación originaria era municipal y mercantil: un puerto, una ciudad y sus industriales reclamando un depósito franco para competir con Marsella y Génova. La Generalitat no estaba. Ni siquiera la Mancomunitat, que llevaba dos años de vida, tuvo un papel. Invocar 1916 para entregar el organismo al Govern es reescribir la historia con la letra de ERC.

Tocqueville lo dejó escrito hace casi dos siglos: las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia. Un pueblo puede darse un gobierno libre sin ellas, pero no tendrá el espíritu de la libertad. La Carta Europea de Autonomía Local, que España ratificó en 1988, lo tradujo a lenguaje administrativo: las competencias deben ejercerlas las autoridades más cercanas al ciudadano.

Quien ha ratificado ese principio y luego degrada al Ayuntamiento el único organismo económico que la ciudad fundó, no está en un debate de soberanía. Está en una incoherencia.

Existe un modelo alternativo y está a tres kilómetros. Fira de Barcelona es un consorcio de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Lo preside el alcalde. El consistorio tiene voz, voto y silla en la mesa donde se decide. Nadie ha planteado que la Fira se gobierne mejor con el Govern al mando y el Ayuntamiento de comparsa.

Al contrario: la fórmula lleva décadas funcionando precisamente porque la ciudad que pone el recinto y la marca no es un invitado. ¿Por qué el Consorci merece un trato distinto? ¿Por qué el suelo industrial más valioso del área metropolitana, con 137.000 trabajadores y 708 millones en activos, va a gobernarse desde el Palau de la Generalitat en lugar de desde el edificio de enfrente?

El Govern tiene una respuesta y no es mala. El Consorci ya no es solo Barcelona: tiene suelo en Bellpuig, Mollet, Terrassa, el Pla de Santa Maria; oficinas en L'Hospitalet, Sant Feliu, Montcada. Es un instrumento de política industrial de país, dirán, y para ellos eso es Cataluña. Es cierto.

Pero la Fira también opera en L'Hospitalet, el Port mueve mercancías de media península y ninguno de los dos ha necesitado que el alcalde baje al 15% para pensar en grande. Que el organismo tenga escala de país justifica que la Generalitat esté. Lo que no justifica es que la ciudad deje de estar.

La explicación de verdad hay que buscarla en el precio de los presupuestos, no en la técnica administrativa. ERC exigía “ganancias de soberanía” para votar las cuentas de Illa, y el Consorci era una pieza vistosa, con nombre propio, unas cuentas envidiables y titulares garantizados.

Para Junqueras, un organismo controlado por el Ayuntamiento de Jaume Collboni no computa como avance nacional; uno controlado por el Govern, sí. El beato republicano aspira a gobernar Cataluña, no su capital. Cada competencia que sube al Govern es una competencia que algún día podría ser suya.

Para Illa, ceder a costa del consistorio es más barato que hacerlo a costa de la Moncloa. Y para Collboni, que preside el Consorci y la Fira, y que milita en el partido del president, protestar equivale a enmendar al jefe. Resultado: la institución más débil de las tres, la única que no se sentaba en la mesa, es la que paga.

Barcelona lleva años quejándose de que las grandes infraestructuras se deciden fuera. El aeropuerto, en Madrid. Rodalies, en Madrid. El puerto, en Madrid. La lección de este acuerdo es que el problema no es solo Madrid. Cuando el Estado por fin suelta algo, el Govern lo recoge antes de que toque el suelo. Y el consistorio aplaude.

Quedan detalles por conocer. Los estatutos de 1968 hay que reescribirlos, y el texto final dirá si el 15% es un porcentaje de votos, de vocales o un simple gesto. Pero el mensaje político ya está enviado. Hacienda tardó cincuenta y ocho años en soltar la Zona Franca. La Generalitat ha tardado una negociación presupuestaria en quedársela.