La crisis migratoria de la ciudad autónoma de Ceuta ha terminado de derribar la reputación de la ministra de Sanidad, Mónica García. La entrada masiva de personas por la frontera hispano-marroquí ha provocado un auténtico caos sanitario en el enclave, por mucho que la titular ministerial lo negara en su visita al territorio.

Tras ello, el Gobierno rectificó a la representante del Consejo de Ministros y terminó montando estructuras de acogida y atención sanitaria para los recién llegados. La red asistencial, pues, no trabajaba desahogada como afirmaba la titular de la cartera de Salud.

García también negó las agresiones sexuales que tienen lugar en la localidad, a pesar de las alertas policiales, las de los jueces de Ceuta, y al hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que reforzar las salas de vista.

De nuevo, pues, la opinión de una ministra, que uno espera que sea informada y cualificada, ha terminado arrollada por la vía de los hechos.

Y estos gazapos son el colofón a la mala trayectoria de la dirigente de Sumar. Antes de trastabillar con la invasión de Ceuta, Mónica García se enredó con la tramitación del nuevo estatuto marco. Sublevó a los médicos y a varios sindicatos. Cuando termine el verano, la polémica se reavivará.

En el plano autonómico, tanto el Cercle de Salut como Aceba y el CSC, tres entidades distintas pero influyentes del sector sanitario catalán, han advertido de que las normativas que pergeña Sanidad para concentrar la provisión sanitaria en torno a lo público son un error y que, llevadas a cabo, provocarían el colapso del sistema.

El malestar es tan pronunciado que tuvo que interceder públicamente el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, para avisar de que el Govern defenderá la idiosincrasia de la sanidad catalana, donde la colaboración público-privada es una realidad desde el inicio del ejercicio de las competencias en esta materia.

La última aventura de su equipo es el proyecto de ley que prohibirá fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La norma ha provocado que la hostelería nacional monte en cólera, y con razón. Ya no se trata de prohibir el cigarrillo en espacios cerrados, como a mediados de los 2000, sino de hacerlo también al aire libre, el punto de equilibrio que se halló entonces.

Entidades como la patronal catalana Fecalon, entre muchísimas otras, han alertado del "perjuicio" que acarreará la pieza legislativa. En especial al sector del ocio, que aún arrastra la caída de la facturación por los cerrojazos derivados de la pandemia del coronavirus.

Un descontento empresarial que vino antes por otra medida lesiva para la empresa, que finalmente no vio la luz: las llamadas autobajas. Es decir, la posibilidad de que un trabajador se ausentara sin dar explicaciones —tampoco al médico— de su lugar de trabajo durante tres días.

En definitiva, cuesta entender que una ministra que gestiona una de las carteras más descentralizadas del Ejecutivo —la mayoría de competencias y presupuesto los manejan las comunidades autónomas— irrite a tantos sectores y tan diferentes. Es indicativo de una mala trayectoria al frente del ministerio que mora en el número 18 del Paseo del Prado de Madrid.

Los traspiés de García en Ceuta son solo los últimos en la senda de una política que bregará ahora por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Dejando un pésimo sabor de boca en su último desempeño como servidora de todos, eso sí.