El fichaje urgente de la hija de Sílvia Orriols para la Policía Local de Ripoll (Girona), población que la líder de Aliança Catalana gobierna, parece una metedura de pata en toda regla. Y lo es, como mínimo, en dos planos.

Uno, en lo legal, puesto que la primera edil debió abstenerse y separarse totalmente del procedimiento de selección de nuevos agentes de seguridad en la población porque su descendiente participaba en el procedimiento.

Guinadell Orriols tiene todo el derecho del mundo a querer trabajar de policía en Ripoll. Pero si ejerce ese derecho a elegir un empleo libremente, genera una obligación, y es que ningún familiar suyo participe en ninguna fase del proceso de selección, de la convocatoria pública hasta la adjudicación final. Pasando, por supuesto, por la elección del tribunal opositor que la evalúe. De lo contrario, podría perjudicar al resto de candidatos y, también, al contribuyente que costea el proceso.

Orriols madre, la alcaldesa, no se separó del trámite. Lo validó legalmente como munícipe, por bien que nada indica que participase directamente en él. Ella misma ha desmentido públicamente tener mano en la selección de candidatos.

Supongamos que fuera así, que Guinadell ha ganado su plaza limpiamente. El proceso está viciado de origen por la no abstención de su madre, la alcaldesa, en los hitos del procedimiento administrativo. Un manto de sospecha ha cubierto ese puesto ganado por la joven. Por bien que sea infundada.

Y ello sin perjuicio de que alguien acuda a la jurisdicción contenciosa y tumbe todo el proceso por contener un vicio de origen: un posible incumplimiento de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que cita explícitamente las condiciones del deber de abstención de un cargo público.

En un segundo plano, en lo ético, la también diputada en el Parlament también se ha equivocado. Porque sea ajustado a la ley o no el proceso que eligió a su hija como Policía Local, ella ya ha incumplido el estándar ético que está exigiendo a los demás.

Cuando Aliança Catalana —y ella misma— cargan contra los chiringuitos, paguitas, dedazos, colocaciones u observatorios, la fuerza independentista radical envía el mensaje al electorado catalán de que existe una Administración autonómica plegada al ecosistema político. Un mamut que retuerce sus propias normas y deberes de neutralidad para conceder dádivas a los miembros de esas formaciones.

Pues bien, participar en un procedimiento administrativo siendo cargo público y que un familiar se presente al mismo y lo gane, no rebasa esa barrera ética. No llega al mínimo exigible, queda por debajo. Esa actitud chapotea en el mismo supuesto lodazal de parabienes y corruptelas que Aliança ve diariamente en el sistema partidista con su habitual brocha gorda.

Es algo similar a lo que le pasó a Ada Colau cuando alcanzó el Ayuntamiento de Barcelona en 2015. Antes de tomar la vara de primera edil, todos los demás políticos eran de la casta, presuntamente corruptos y necios. Salvo su fuerza, claro.

Ocho años después, al salir expulsada de ese puesto por un hastiado voto ciudadano, Barcelona en Comú había dejado el mismo rastro de enchufes, recolocaciones, prácticas polémicas y sesgo en la política de subvenciones que las demás formaciones.

Como acertadamente indicó Alejandro Fernández ayer en un apunte en X, el nuevo populismo, que ahora encarnan Orriols y Aliança, deberían vigilar sus exigencias para con los demás, no sea que ellos mismos no las cumplan.